El 30 % de los ginecólogos uruguayos ha recurrido a la objeción de conciencia para no realizar abortos en el país desde su despenalización a fines de 2012, mientras que el 70 % restante "está comprometido" con su práctica, informaron hoy fuentes oficiales.
Según explicó el subsecretario del Ministerio de Salud Pública Leonel Briozzo, durante el seminario "Objeción de conciencia: un debate sobre la libertad y los derechos", en el momento en que se creó la ley que despenalizaba el aborto se dejó abierta la posibilidad de que los profesionales ejercieran la objeción de conciencia.
Tras casi siete meses de práctica, "sólo un 30 % de los ginecólogos recurrió a este tipo de objeción", señaló Briozzo.
"Para el Gobierno Nacional, que está en proceso de transformación profunda de las estructuras sociales, este tema es clave. Nosotros tratamos de reforzar los derechos sexuales y reproductivos sobre la base de un denominador común: que las personas puedan decidir conscientemente qué es lo mejor que quieren para su vida y salud", afirmó.
Briozzo explicó que desde que se creó la normativa, el Gobierno realizó "acciones educativas" en el Congreso Médico del Uruguay y en la Universidad de la República, para brindar conocimientos a los profesionales y estudiantes en salud en este tema.
"La finalidad principal fue delimitar claramente cuándo es objeción de conciencia y cuándo es desobediencia civil o pseudo objeción de conciencia, porque los profesionales de la salud deben ser aliados en este proceso", explicó.
El funcionario apuntó que es misión del Ejecutivo "dar facilidades frente a una ley que cambia la perspectiva social, cultural y académica para que la transformación sea gradual" y no tratar de "imponer reglas".
"La apuesta fuerte que hacemos es formar a las nuevas generaciones en una realidad nueva y distinta", añadió Briozzo.
El pasado día 16 de julio, el Ministerio de Salud informó que en los primeros seis meses desde su despenalización se habían registrado 2.550 abortos en Uruguay y ninguna muerte materna por interrupciones del embarazo practicadas en situaciones de riesgo.
Tales datos implican unos 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, lo que contrasta con los más de 40 por cada 1.000 que se estima se produjeron en el país entre 1995 y 2002, cuando el aborto era ilegal y no existían políticas educativas sobre sexualidad.
El aborto fue despenalizado por el Parlamento uruguayo en octubre pasado con el voto mayoritario del bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA), pero con una escasa mayoría.
La legislación despenaliza las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 12 de gestación, siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Estos procedimientos incluyen unos plazos rigurosos y la supervisión de una comisión formada por ginecólogos, psicólogos y asistentes sociales que asesora a la mujer sobre riesgos y otras opciones antes de recurrir al aborto. /EFE