República Dominicana ocupa, junto a Nicaragua, el primer lugar de niñas y adolescentes que en América Latina y el Caribe están casadas o unidas.
La afirmación realizada por Plan International República Dominicana (Plan RD) durante el lanzamiento del estudio que caracteriza esta problemática en las provincias de Azua, Barahona, San Juan, Pedernales y Elías Piña. “El matrimonio infantil forzado es aquel en donde uno de los dos contrayentes es un niño o niña. Se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes. Según la Convención de los Derechos del niño, se entiende por niño o niña todo ser humano menor de 18 años de edad”, afirmó Raquel Casares, de Plan RD.
Según datos de Enhogar Mics 2014 en el país el 12.5 % de las dominicanas entre 20 y 49 años se casaron o unieron antes de los 15 años. Y el 37 % antes de los 18 años. Actualmente, una de cada 5 adolescentes (23.4%) entre 15 y 19 años está actualmente casada o unida con un hombre 10 años mayor.
“Aunque muchas personas pueden pensar que una niña que se casa o se une porque es libre de decidirlo. El estudio encontró que esa libertad no es tal. El matrimonio infantil forzado es resultado de la violencia intrafamiliar, la expectativa de emancipación o la oportunidad de negociación que establecen las familias como una oportunidad de salida de la pobreza”, resaltó Jeannette Tineo, autora de la investigación.
Además, el estudio encontró que el matrimonio infantil forzado tiene una fuerte vinculación con el embarazo adolescente. “De las 10 niñas y adolescentes casadas con hombres adultos que fueron entrevistadas, siete estaban embarazadas al momento de establecer la unión”, afirmó Tineo.
Para enfrentar esta problemática, Plan RD propone una iniciativa legislativa que favorezca la protección debida del Estado a las niñas y adolescentes. “Exigimos al Congreso la revisión del Código Civil para elevar la edad mínima para contraer matrimonio. A 18 años para ambos sexos, sin excepción”, comentó Casares.
En este sentido, Plan RD trabajará de cerca junto a las comunidades, grupos juveniles y diferentes Comisiones del Congreso para lograr que este cambio se convierta en una realidad: “El Estado dominicano debe honrar los compromisos internacionales que ha firmado en materia de protección de la niñez, dando fin a la impunidad de los agresores que se amparan en un matrimonio y brindando oportunidades a las niñas que desarrollen un proyecto de vida digno”, cerró la institución.
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