Un nuevo estado se une entre los que impulsan y aprueban una serie de leyes que afectas a los inmigrantes en Estados Unidos (EEUU), te contamos de qué se trata.
El estado de Carolina del Norte avanzó con la propuesta de una legislación que por ahora se denomina “HB-10”, y que es considerada como una ley anti-inmigrantes.
La propuesta de ley fue discutida y votada el jueves en el Senado, con 28 votos a favor y 16 en contra.
Tras su aprobación, irá a la cámara de Representantes para una revisión antes de ir directamente al escritorio del gobernador Roy Cooper.
El gobernador Cooper tendrá 10 días para firmarlo, o para vetarlo, otra opción es dejar que el proyecto se convierta en ley de manera automática.
El camino sin trabas a su aprobación
Si el proyecto de ley es vetado por el gobernador, el proyecto regresaría a la asamblea general, sin embargo, al tener una supermayoría en ambas cámaras, los republicanos podrían levantar el veto.
Debido a esto, las enmiendas incluidas en esta etapa podrían ser aprobadas en menos de una semana.
Durante su aprobación en el Senado, los legisladores propusieron algunos ajustes a la HB10.
Uno que incluye su fecha de vigor, y otro sobre la posibilidad de que cualquier persona pueda reportar ante el fiscal del estado a un sheriff o autoridad que no cumpla con la ley.
Lo que no se incluyó fue, una enmienda que pedía informar a las víctimas de crimen sobre la deportación de su agresor, en caso de delitos graves, para que el preso cumpla su pena antes de ser deportado.
¿De qué trata la ley anti inmigrantes y cuándo entraría en vigor?
Obliga a los oficiales de policía y alguaciles de la región a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los funcionarios identificarían a los inmigrantes indocumentados acusados de crímenes como robo con violencia, tráfico de drogas y violación sexual, con el objetivo de agilizar el proceso de deportación.
Además, la legislación permite a cualquier ciudadano presentar una denuncia al fiscal general del estado.
Esto, en caso de que sospechen que los alguaciles o trabajadores del sistema penitenciario no cumplen con las disposiciones del proyecto de ley.
De convertirse en ley, entraría en vigor el 1 de julio de este año.
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Piden veto para esta ley
Activistas ahora piden al Gobernador que vete la propuesta de los legisladores.
Desde la presentación de la ley en 2023, organizaciones advirtieron que la legislación afectará directamente a los inmigrantes sin papeles.
Esto provocaría que las personas eviten cualquier contacto con las fuerzas del orden por no revelar su estatus migratorio.
La desconfianza tiene su origen en otras leyes similares que se han aplicado en el estado, las cuales afectaron a la comunidad inmigrante.
Los detractores argumentan que aumentaría el número de familias separadas, además de que se puede prestar para propiciar las detenciones basadas en el perfil racial de las personas.
Con información de La Noticia y El Tiempo
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