Agencia EFE
El alcalde de Bogotá, el progresista Gustavo Petro, fue destituido e inhabilitado durante 15 años por la Procuraduría (Ministerio Público), que le castigó con la "muerte política" por su supuesta mala gestión durante la desprivatización del sistema de recolección de basuras en 2012.
El ultraconservador procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció esta medida disciplinaria de difícil retroceso que probablemente concluirá con unas elecciones a la Alcaldía de Bogotá en el primer trimestre de 2014 y con el fin de la carrera política de Petro, por lo menos hasta que cumpla los 68 años.
Por este motivo, el mandatario local de Bogotá calificó su destitución e inhabilitación como un "golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá".
Esta polémica sanción tiene su origen en la llamada "crisis de las basuras", que desde el 18 de diciembre de 2012 y durante tres días mantuvo las calles de Bogotá copadas por los desechos que no recolectaron las cuatro empresas privadas del sistema antiguo y que demoró en recoger el operador público.
"Se probó que las decisiones del señor alcalde mayor de Bogotá vulneraron el principio de libertad de empresa y que pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes", dijo el procurador, para quien el nuevo modelo de Petro abría una puerta al monopolio.
Petro, que ocupa el segundo cargo público más importante de Colombia por detrás del de presidente de la República, cuestionó la potestad del procurador como autoridad administrativa para destituir a cargos elegidos por voto popular, reflexión que también hizo el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
Una vez divulgada la noticia, la sede de la Procuraduría en el centro de Bogotá cerró sus puertas y las blindó con uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.
El Gobierno de Colombia reaccionó con mesura y afirmó que respeta las decisiones del ente de control tanto como la posible apelación de la decisión por parte del alcalde, al tiempo que pidió "calma y tranquilidad" a los miles de personas que se agolpan en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, donde se ubica la Alcaldía.
Los seguidores de Petro coreaban "Ordóñez, paraco (paramilitar), el pueblo está berraco (enfadado)", y "Ordóñez, fascista usted es terrorista", al tiempo que aplaudieron con fervor el discurso de resistencia que pronunció Petro desde el balcón de la Alcaldía acompañado por su familia y sus colaboradores.
"Hemos dado orden a todos los funcionarios públicos del más alto nivel del distrito a que gobiernen hasta el último momento. Sigo siendo el alcalde mayor de Bogotá hasta que una decisión en firme en contrario (así) lo quiera", afirmó con contundencia, al reiterar que su gobierno tiene "la frente en alto".
"Gobernamos con cero corrupción, desmantelamos mafias, logramos conquistas sociales, no tenemos de qué arrepentirnos", dijo, al tiempo que apeló a la prudencia: "Ellos han sido los violentos, nosotros somos la generación de la paz".
La Procuraduría había iniciado la investigación contra Petro en enero de 2013, y en previsión de que el organismo pudiera destituirle, el alcalde presentó una demanda el 28 de octubre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, de la que todavía espera una respuesta.
Exguerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), desmovilizado y reintegrado en la sociedad desde la década de los noventa, Petro se ha destacado después como un legislador comprometido contra la corrupción tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, al destapar los mayores escándalos políticos de los últimos años.
Como alcalde, en el poder local desde el 1 de enero de 2012 y elegido por el 32 % de los votantes, Petro ha reducido a mínimos históricos la violencia en la capital colombiana y ha garantizado la educación y los servicios mínimos para los sectores más desfavorecidos.
Lunes 9/12/2013