La Defensoría del Pueblo reportó este jueves el asesinato de 35 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia en los tres primeros meses de 2023.
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lo que supone un notable descenso con los 59 homicidios reportados en el primer trimestre del año anterior.
"Esta es una cifra lamentable, triste y que golpea a las familias de estas personas y a las comunidades para las que trabajaban porque es muy diciente que la mayoría, 19 de ellas, eran reconocidas como líderes comunales y líderes comunitarios", dijo hoy el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El defensor insistió que el asesinato de un líder deja "un gran vacío" en estas comunidades y apuntó a que la región del suroccidente del país fue la más golpeada por estos homicidios.
Con seis casos en Nariño, cinco en Cauca (cinco) y tres en Valle del Cauca, que fueron los departamentos más violentos.
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En enero hubo doce homicidios, en febrero, nueve, y en marzo, catorce casos y uno por confirmar, según los datos de la Defensoría.
DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS
El año pasado, según esta institución, que es la única estatal que lleva este recuento público, se produjeron en Colombia 215 asesinatos de líderes sociales, siendo este el año más letal para quienes protegen sus territorios, comunidades y los derechos humanos.
Precisamente, este jueves el Instituto de Estudios de Desarrollo y para la Paz (Indepaz) publicó también su resumen del primer trimestre donde además de los 35 homicidios, reportaron 5 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz de 2016 y 27 masacres con 93 víctimas.
Hay también una disminución de las masacres respecto al primer trimestre de 2022, cuando hubo 31, pero un aumento respecto al trimestre octubre-diciembre de 2022, que se produjeron 13.
Ningún gesto de Paz
La Defensoría del Pueblo aprovechó para pedir a los grupos armados que cesen la violencia contra los líderes sociales y recordar al Gobierno que los homicidios "no son precisamente gestos de paz".
Con respecto al cese al fuego bilateral que hay vigente con tres grupos armados y las conversaciones que se quieren comenzar en el marco de la "paz total".
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"Todos los acercamientos o las mesas de diálogo entre el Gobierno y los grupos armados ilegales deben darle prioridad a la protección de los líderes sociales", estimó Camargo.
Los grupos armados, para demostrar una verídica voluntad de cesar la violencia, deben entender que la labor de los líderes "es humanitaria" y que "son necesarios para visibilizar y dar soluciones a los problemas sociales que aquejan a las comunidades", alegó el defensor. EFE
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