En España en 2019 vivían 721.556 migrantes menores de edad, de los que casi 147.000 lo hacían indocumentados y de los cuales 14.817 proceden de Venezuela. Esta cifra supone una tasa de irregularidad de 20,4%. Es decir, uno de cada cinco niños extranjeros crece sin papeles en el país europeo, la mayoría son de Latinoamérica.
La estimación la hace Save the Children y la Fundación Por Causa en el informe Crecer sin papeles en España. En el informe señalan que tres de cada cuatro menores indocumentados proceden de países latinoamericanos entre los que se incluye Venezuela.
El mayor número de infantes en situación irregular procede de Colombia, donde se concentran los números absolutos más altos con 25.226 niños sin documentos. Le sigue Honduras con 15.653, Venezuela con 14.817 y Perú con 11.436.
El reporte lo presentaron este miércoles en Madrid para ofrecer una fotografía actualizada e inédita de esta población invisibilizada. Asimismo, deseaban resaltar cómo los derechos de los niños se ven recortados en salud, educación, vivienda o justicia.
“Estos niños sufren una triple vulnerabilidad: por ser menores de edad, migrantes y estar en situación irregular”, denunció el director general de Save the Children, Andrés Conde. El experto lamentó que estos menores vivan un escalón por debajo del resto de niños y reclamó su regularización como medida excepcional.
Irregulares en España
Más de la mitad de los 146.773 menores en situación irregular en España tienen menos de 10 años. Cerca de 30% tienen más de 15, con tasas de irregularidad por encima de la media nacional que incluye a los adultos (13%).
La autora del informe, Jennifer Zuppiroli, reveló que el progresivo aumento de la irregularidad está relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo.
Los niños procedentes de África tienen un peso muy pequeño en la irregularidad. A pesar de que este continente es el origen de 43% de los migrantes menores de edad residentes en España, solo concentra 13% (18.334) de los que lo hacen de forma irregular.
El impacto devastador del COVID-19
En España, la irregularidad administrativa es un fenómeno mayoritariamente sobrevenido. Los autores del informe advierten que esta situación podría complicarse aún más como consecuencia de la crisis del coronavirus. También influye la caída del empleo entre inmigrantes y su impacto en los permisos de residencia.
Otro de los autores, Gonzalo Fanjul, estimó que el número podría verse incrementado en más de 160.000 trabajadores en los próximos meses.
A esa cifra, aseguró, hay que sumarle unos 13.000 casos más de niños que podrían quedar en esa situación al rechazarse su solicitud de protección internacional.
Conde, por su parte, incidió en que la irregularidad precipita a estos menores a la pobreza y la exclusión social. Asimismo, señaló que la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar con inmigrantes y menores a cargo es de 48% frente a 14% de uno con españoles.
“Sus salarios son menores, sus empleos más precarios y les resulta imposible acceder a ayudas sociales como el ingreso mínimo vital”, aseguró. Seguidamente, exigió que se permita a estas familias beneficiarse de esta prestación.
El acceso efectivo al derecho a la educación o a la salud de los menores sin papeles puede verse vulnerado por la falta de un permiso de residencia, recalcó.
EFE
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