Miles de españoles apoyadas por la derecha protestaron este domingo en numerosas ciudades contra la reforma educativa promovida por el Gobierno. Pues consideran que atenta contra la libertad de enseñanza y de las familias para elegir el centro educativo de los hijos.
Debido a las restricciones sociosanitarias de la pandemia, los manifestantes recorrieron las calles en caravanas de automóviles, convocados por "Más Plurales. Más Iguales. Más Libres". Una plataforma de organizaciones empresariales, sindicales y de padres de la enseñanza privada concertada, principalmente, que recogió cerca de dos millones de firmas contra la ley.
Piensan que se trata de una "imposición" ideológica, tramitada de manera "exprés" en el Parlamento, "sin diálogo, sin negociación, sin consenso político y social".
Participaron también representantes destacados de la oposición de conservadores, extrema derecha y liberales, muy críticos con la reforma, aprobada ya en el Congreso por una mayoría absoluta bastante justa (177 de los 350 diputados) y pendiente de debate y votación en el Senado el miércoles próximo.
DIVISIÓN Y POLÉMICA
El país afronta dividido y con polémica, como es habitual, el nuevo cambio del sistema de enseñanza, la que será octava ley de educación no universitaria de la democracia en 40 años, lo que vuelve a evidenciar la incapacidad de lograr un pacto educativo nacional político y social.
Cada reforma, impulsada por la izquierda o la derecha, genera una fractura política y social y lleva el embrión de una contrarreforma.
Es el caso de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida coloquialmente como "ley Celaá", en alusión a la actual ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá.
Sus cuestiones más controvertidas se centran en que el español deja de figurar como lengua de enseñanza ("vehicular"), lo que afectaría a regiones con idioma autonómico cooficial como Cataluña (noreste), que aplica un sistema de inmersión lingüística en catalán.
También se limita la creación de centros de educación concertada (muchos son religiosos actualmente); los alumnos podrán pasar de curso con una o dos asignaturas suspensas y el título de Bachiller podrá obtenerse con un suspenso, si lo considera el equipo docente; las notas de Religión, que es voluntaria, no contarán para el acceso a la Universidad ni becas.
En Madrid, el presidente del Partido Popular, el conservador Pablo Casado, pidió al Ejecutivo, formado por una coalición de izquierdas, "humildad" para escuchar a las familias que se manifiestan "pidiendo libertad".
Reprochó, además, que se quiera acabar con la ley conservadora vigente hasta ahora (de 2013), pues "rebajó un 10 por ciento el fracaso y el abandono escolares".
En Barcelona, los manifestantes defendieron el derecho a ser educado en español.
"Ni les importa la concertada ni les importa la lengua, y todo lo encintan en la libertad, prostituyendo el verdadero sentido de la palabra porque la libertad no es una palabra, es un ejercicio que para ser real ha de ser efectivo", replicó la ministra Celaá en un acto del Partido Socialista.
