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El fallo de un juez de inmigración de Miami generó esperanzas de que se allane el camino de abolición de una ley de amnistía en El Salvador, para que los militares y los responsables de matanzas, torturas y violaciones a los derechos humanos puedan finalmente ser juzgados en su país.
Por lo menos 75.000 personas murieron y 8.000 desaparecieron durante la guerra civil que se extendió entre 1980 y 1992 en El Salvador.
Para algunos de los sobrevivientes el fallo del juez es un mensaje al mundo de que Estados Unidos no tolera más criminales en su territorio, y un cuestionamiento a la política exterior de Washington de ayudar a entrenar a militares latinoamericanos en los 80.
Neris González enseñaba catequismo en los vecindarios pobres de El Salvador y su cuerpo terminó en un basurero humano porque sus captores creyeron que estaba muerta luego de dos semanas de torturas en un centro clandestino de detenciones. Estaba embarazada de ocho meses. Era diciembre de 1979.
Estuvo medio año en estado vegetativo y sobrevivió. González, de 58 años, recordó en una entrevista a The Associated Press que todos los días le quemaban la piel con cigarrillos, le colocaban capuchas con bolsas plásticas y la sumergían en piletas llenas de agua para quitarle la respiración.
La experiencia del doctor Juan Romagoza fue similar. El médico fue capturado a finales de 1980 por la guardia nacional. Relata que permaneció desaparecido durante 24 días. Fue torturado y ametrallado, le cortaron tres dedos de cada una de sus manos "para que no atendiera a los izquierdistas", jóvenes y sindicalistas a los que ofrecía asistencia médica por sus heridas. Estuvo cerca de perder su pie derecho.
Han pasado más de tres décadas sin que los hechos se hayan esclarecido en los tribunales de El Salvador, pero González y Romagoza recuerdan con detalles "el calvario" que ellos y miles de civiles vivieron durante la guerra civil en la nación centroamericana.
El juez Michael Horn resolvió deportar a una figura militar clave de esos años en El Salvador: el general José Guillermo García, un exministro de Defensa que se refugió en la Florida en busca de tranquilidad en la década de 1990. Las fuerzas armadas salvadoreñas fueron financiadas y adiestradas en contrainsurgencia por el gobierno de Estados Unidos durante la guerra.
Para Romagoza, el alcance del fallo trasciende El Salvador y es un mensaje que debe llegar también al mismo gobierno de Estados Unidos.
"Esto viene a cuestionar la amnistía y la política exterior de Estados Unidos, que financió y apoyó los actos de estos verdugos. Ellos lo hicieron bajo la protección de Estados Unidos", dijo el médico de 63 años, que regresó a El Salvador en 2008 tras haber pasado 27 años en Estados Unidos y tres en México. "Hemos ganado esperanza contra el silencio. Esperemos que el silencio se haya terminado".
En un fallo del 26 de febrero de 2014, revelado por el diario The New York Times, Horn escribió que hay "evidencias claras y convincentes" de que García "asistió o participó" en 11 crímenes de guerra en El Salvador, entre ellos el asesinato del arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980, y el encubrimiento sobre la participación de soldados que mataron a cuatro monjas estadounidenses ese mismo año.
"El sabía o debía haber sabido" que soldados habían matado a más de un millar de campesinos, incluyendo mujeres y niños, en El Mozote en diciembre de 1981, dijo Horn en su fallo.
En su extensa resolución de 66 páginas, el juez aseveró que "estas atrocidades formaron parte de la política militar intencional del general García como ministro de Defensa".
García se desempeñó en ese cargo entre octubre de 1979 y abril de 1983, en momentos en que Washington respaldaba la lucha contra los insurgentes izquierdistas que libraban las fuerzas armadas salvadoreñas.
"Para mí esto es una gran victoria de justicia y espero que se haga (justicia) aquí en El Salvador… Este caso es como abrir la lápida de la ley de amnistía, es un paso más para abolir la amnistía en El Salvador y en otras partes donde se ha protegido a centenares de actores criminales que son abusadores de los derechos humanos", manifestó González. Consideró ofensivo que en su país permanezcan libres y sin ser juzgadas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad.
García recibió asilo político en Estados Unidos en 1990, tras haber alegado que temía por su vida si permanecía en El Salvador. Desde entonces ha vivido en el estado de la Florida.
Durante el juicio que enfrentó en Miami por su deportación, el militar salvadoreño dijo que no pudo poner fin a las violaciones a los derechos humanos debido a las divisiones que existían en las fuerzas armadas.
La abogada de García, Alina Cruz, expresó en un breve mensaje de correo electrónico enviado a la AP su confianza en que su cliente será eximido de la deportación.
"Discrepamos respetuosamente con las conclusiones del juez de inmigración y la decisión en este caso", dijo Cruz. "La decisión ha sido apelada y estamos seguros de que el general García será exonerado".
Es la segunda vez que un juez de inmigración estadounidense determina que un ex oficial castrense de alto rango de El Salvador puede ser deportado por las masacres cometidas en su país, después de la aprobación, tras los ataques terroristas del 2001, de una ley que permite acusar y procesar a presuntos represores extranjeros.
El general retirado Carlos Eugenio Vides Casanova enfrentó también un proceso de deportación en el que un juez ordenó en octubre del 2011 su repatriación a El Salvador. Tras apelar la sentencia, espera aún la decisión de una corte.
Al igual que en el caso de Vides Casanova, el proceso de apelación de García podría extenderse durante meses, o incluso años. Mientras tanto, permanece en libertad.
Las esperanzas de activistas y víctimas es que el fallo de Horn tenga eco en El Salvador y mientras se resuelve su deportación, sea derogada la amnistía promulgada en 1993 por el entonces presidente derechista Alfredo Cristiani, un año después de que se firmaran los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra. Pero aún si eso no sucediera, se sienten satisfechos de al menos saber que ya no podrá vivir anónimamente como hasta ahora en Estados Unidos.
"Es un primer paso, pero es un primer paso importante. Es una especie de declaración pública. Es un fallo muy detallado que señala que él ya no es la persona anónima que vivía su vida. Es un hombre que ahora aparece en los diarios y sus vecinos ya saben que es una persona responsable de masacres horrorosas", dijo a la AP Patty Blum, asesora del Center For Justice and Accountability (Centro por la Justicia y la Rendición de Cuentas), un bufete de abogados especializado en derechos humanos que ha presentado demandas civiles contra García y otros líderes mundiales acusados de tortura.
"Leyes de amnistía han sido revocadas en Latinoamérica y como resultado se han juzgado a militares en Chile, Argentina, etcétera. Entonces la esperanza es que la Corte Suprema de El Salvador pueda en algún momento revocar la amnistía y se abra un debate interno sobre dónde quiere El Salvador ubicarse", dijo la experta, cuya organización ganó una demanda civil contra García.
Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, destacó en una entrevista telefónica desde San Salvador que el fallo de Horn es para "al menos tener un poco de justicia", pero tiene sus dudas sobre los efectos inmediatos que pueda tener sobre la ley de amnistía.
"Si en Estados Unidos se ha ventilado el caso, esperamos que este y otros casos sean ventilados aquí también… pero hace falta mucho más todavía".
2014-04-28