Los fiscales generales de 20 estados de EEUU, pidieron a una corte federal, que emita una medida cautelar que congele un programa humanitario.
La demanda exige congelar el esquema que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Este martes, en un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez federal en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso.
A finales de enero, presentaron una demanda solicitando a la corte que se de fin al programa que permite a estos migrantes solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en EEUU
Los demandantes argumentan que la decisión del Gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue "arbitraria y caprichosa".
Asimismo, aseguran que el esquema, tiene un límite máximo de 30.000 permisos humanitario al mes.
Esto supone un gasto de millones de dólares para los estados que tiene que proveer de "servicios a los migrantes".
Demanda "incomprensible"
La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas.
También en contra de las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EEUU.
Mayorkas ha defendido el programa, asegurando que ha reducido en un 90 por ciento los cruces irregulares en la frontera y señaló la demanda de "incomprensible".
Por su parte, La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre.
A principios de este año, anunció que extendería el programa, conocido como "parole humanitario" para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba.
En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a EEUU bajo este programa, según datos de DHS.
Devoluciones en caliente
De igual manera, el Gobierno de Biden implementó una política de devoluciones en caliente, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo.
El Título 42, una norma heredada del mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.
Con información de DW
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