El fiscal Brayan Melgar emitió una orden de aprehensión en Bolivia contra el expresidente Evo Morales, medida que responde a una investigación sobre su participación en las movilizaciones sociales de mayo y junio.
La información recogida por EFE señala que la justicia boliviana atribuye a Morales los presuntos delitos de "alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos".
Origen de la acusación y otros implicados
La causa penal inició a comienzos de julio tras una denuncia presentada por líderes cívicos de Santa Cruz. Posteriormente, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se sumó a la demanda legal.
El proceso judicial también abarca a Marco Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y a Vicente Salazar, líder campesino de La Paz que cumple detención preventiva desde el 6 de julio.
Impacto de las movilizaciones
Las protestas se extendieron por siete semanas en el centro y occidente de Bolivia. Durante este periodo, sectores afines a Morales, la COB y campesinos paceños bloquearon carreteras para pedir la dimisión del presidente Rodrigo Paz como «única demanda».
Los bloqueos generaron desabastecimiento de alimentos, oxígeno medicinal y combustibles en varias ciudades. El saldo registrado fue de al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica, y daños económicos superiores a 3.000 millones de dólares.
El 20 de junio, tras pactar con sectores como la COB, Paz decretó estado de excepción para levantar los cierres viales mediante operativos de la Policía y el Ejército.
Declaraciones de Morales
Evo Morales rechazó haber impulsado la renuncia del mandatario nacional y afirmó que la protesta exigía atender los reclamos sociales. No obstante, el 24 de mayo publicó en la red social X que Paz tenía solo "dos caminos" ante la crisis: "militarizar" el país o convocar a elecciones en los próximos 90 días.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba bajo la custodia de sus seguidores. El exjefe de Estado enfrenta además un caso por trata agravada de personas por su supuesta relación con una menor en 2016.
En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y ordenó su captura por no presentarse al juicio. La Policía boliviana aguarda el momento adecuado para ejecutar la aprehensión.
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