El gobernador de Florida, Ron DeSantis firmó leyes que afectan directamente de los inmigrantes indocumentados en el estado, las cuales entraron en vigencia el pasado 1 de julio.
Con la finalidad de abordar la situación de los extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos, en medio de tensiones entre republicanos y demócratas, liderados por el presidente Joe Biden, el gobernador ha implementado estas iniciativas con relación a la crisis migratoria que enfrenta el país.
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Ley SB 1036: ¿Qué es y cómo afecta a los indocumentados en Florida?
La ley SB 1036, también llamada "ley de reclasificación de sanciones penales", endurece las penas para los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados que reingresen a Estados Unidos tras haber sido deportados.
Entre sus principales disposiciones se encuentran el aumento de la pena, la deportación obligatoria y restricciones para la solicitud de beneficios migratorios.
De acuerdo a la ley:
- Un delito grave de tercer grado (hasta cinco años de prisión) será reclasificado como un delito grave de segundo grado (hasta 15 años de prisión).
- Un delito grave de segundo grado será reclasificado como un delito grave de primer grado (hasta 30 años de prisión).
- Un delito grave de primer grado será tratado como un delito grave de por vida.
De acuerdo a DeSantis, estas medidas buscan evitar que inmigrantes indocumentados cometan delitos en el estado de Florida.
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Ley HB 1451: ¿Qué es y cómo afecta a indocumentados?
La legislación prohíbe a las autoridades locales aceptar determinados documentos de identidad expedidos a inmigrantes indocumentados.
Esta medida incluye licencias de conducir e identificaciones emitidas por condados o municipios. La única excepción son aquellos documentos emitidos por el gobierno federal o en su representación.
Implementadas en ciertos estados, las tarjetas de identificación comunitarias sirven como documento de identidad para inmigrantes indocumentados, facilitándoles el acceso a servicios locales.
Tras firmar esta ley, el gobernador afirmó que la finalidad es evitar que gobiernos locales y Organizaciones No Gubernamentales hagan fáciles la estadía de ilegales en el estado.
Con información de Cronista y Univision
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