DPA
El gobierno de Colombia impugnó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de restituir en el cargo de alcalde de la capital al líder izquierdista Gustavo Petro, quien regresó este miércoles a su sede de gobierno un mes después de haber sido destituido a solicitud de la Procuraduría (Ministerio Público).
Las acciones que fueron presentadas por la Presidencia, la Procuraduría y el Ministerio del Interior, buscan suspender el fallo en el que el Tribunal ordenó al Estado acatar las medidas cautelares pedidas a favor de Petro por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente Juan Manuel Santos, quien reiteró varias veces en los últimos días que su deber como jefe de Estado era acatar las leyes, dijo hoy en una corta declaración que la orden de reintegrar a Petro es "una acción que está poniendo en tela de juicio una acción que hizo el gobierno, entonces lo obvio es impugnarla".
La Procuraduría argumentó de su parte que el Tribunal "hizo incurrir en un error al presidente Santos al restituir a un alcalde que estaba inhabilitado".
"El Tribunal interpretó de manera incorrecta el Pacto de San José de Costa Rica, donde queda claro que las medidas cautelares no hacen parte del bloque de constitucionalidad", explicó el procurador General, Alejandro Ordóñez.
Ordóñez insistió en que "se desconoció el ordenamiento jurídico colombiano" al hacer efectivas las medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor del alcalde, elegido para gobernar entre el 1 de enero de 2012 hasta la misma fecha de 2016.
El alcalde, que tomó el mismo miércoles las riendas del gobierno de la ciudad más poblada del país, con cerca de ocho millones de habitantes, reaccionó y cuestionó "el nivel de odio" del jefe del Ministerio Público.
"Es terrible el nivel de odio. Estoy embargado, destituido e inhabilitado. Solo me queda el destierro o la muerte", sostuvo Petro.
La Procuraduría, que investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos, abrió un proceso contra Petro a raíz de cambios en el esquema de recogida de la basura en el Distrito Capital a finales de 2012.
Petro decidió ahorrar costos y no renovó los contratos con empresas privadas dedicadas a esa tarea, por lo que la empresa pública de acueducto se encargó entonces de recoger la basura. El cambio ocasionó la acumulación de desperdicios por tres días mientras el nuevo operador asumía sus funciones.
Según Ordóñez, Petro cometió errores "gravísimos", por lo que ordenó su destitución en diciembre pasado y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años.
El burgomaestre logró mantenerse en el cargo por varias semanas mediante amparos judiciales, a los que se sumaron las medidas cautelares pedidas por la CIDH, que en su momento pidieron a Santos no proceder a la destitución.
Sin embargo, el presidente consideró que la solicitud del organismo interamericano no era vinculante y destituyó el 19 de marzo a Petro, quien perteneció al desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19).