La Audiencia Provincial de Badajoz condenó este martes 14 de julio de 2026 a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El tribunal lo considera autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, en relación con las irregularidades en su contratación dentro de la Diputación de Badajoz en el año 2017.
La sentencia, que consta de 377 páginas, considera plenamente probado que el proceso de selección para el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios fue un acto de "enchufismo" diseñado con el único fin de favorecerle personalmente, reportó El Mundo en su sitio web.
El tribunal sostiene que la creación de la plaza "no se estima ni necesaria ni urgente", concluyendo que el puesto de alta dirección carecía de contenido real y respondió al interés particular de Sánchez, quien en ese momento no contaba con estabilidad laboral.
18 años de inhabilitación para Miguel Ángel Gallardo
La resolución judicial también impuso una condena de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE en Extremadura.
Gallardo fue considerado autor de dos delitos de prevaricación administrativa al atribuírsele la responsabilidad directa en el diseño y creación de la plaza hecha "a la medida" del familiar del jefe del Ejecutivo.
Asimismo, las pesquisas judiciales confirmaron que el puesto del denominado "hermanísimo" —término rescatado de correos electrónicos internos de la propia institución— fue modificado para adaptarlo a sus "apetencias personales", llegando a suprimir las incompatibilidades del cargo.
Bajo la misma causa, el tribunal inhabilitó por 18 años a Luis Carrero, amigo cercano de Sánchez, tras probarse la creación de otra plaza ad hoc para colaborar con él en proyectos operísticos.
Absueltos del delito de tráfico de influencias
Pese a que las acusaciones populares ejercidas por partidos como el Partido Popular y Vox solicitaban penas de hasta seis años de prisión, los magistrados han absuelto a los implicados del delito de tráfico de influencias.
La sala argumentó que no se pudo constatar una "presión o influencia concreta" sobre los responsables de la Diputación para forzar la contratación, catalogando dicha hipótesis como una mera conjetura sin respaldo fáctico suficiente.
El Ministerio Fiscal, por su parte, había solicitado durante el juicio la libre absolución de todos los acusados argumentando la ausencia de indicios delictivos.
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