La organización internacional Human Rights Watch (HRW) exigió a las autoridades guatemaltecas investigar el uso excesivo de la fuerza de la Policía Nacional Civil (PNC) durante las protestas en alrededores del Congreso y del parque central.
"Las autoridades guatemaltecas deben investigar y sancionar a los agentes de las fuerzas de seguridad que hicieron uso excesivo de la fuerza en las protestas del 21 de noviembre", señaló HRW en su declaración.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, esgrimió en el comunicado que "las autoridades guatemaltecas deberían llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre los señalamientos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad".
Además, instó al Gobierno de Guatemala a "asegurar que haya rendición de cuentas", pues "es fundamental para disuadir futuros abusos por parte de las fuerzas de seguridad y otros delitos en el contexto de protestas".
HRW subrayó que si bien las protestas se "desarrollaron de forma mayormente pacífica", los medios de comunicación y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) "informaron sobre uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, resultando en al menos 17 manifestantes heridos".
La organización precisó que los heridos fueron atendidos en un hospital y dos más fueron trasladados a otro con el fin de que les realizaran procedimientos quirúrgicos en los ojos, pues "dos de ellos (manifestantes) sufrieron lesiones oculares y uno presenta daños permanentes, según lo señalado por la PDH. Las protestas también se extendieron a otras ciudades y municipios", recalcó.
Protesta violenta
Si bien la entidad reconoció que "algunas personas actuaron de forma violenta en el contexto de las protestas", llegando incluso a quemar parte de unas oficinas del Congreso, enfatizó que "la respuesta de las fuerzas de seguridad ante los actos de violencia individuales que se produzcan durante protestas no debe privar a la mayoría de manifestantes pacíficos de su libertad de reunión ni cercenar otros derechos, como la protección frente a la detención arbitraria o el trato inhumano o degradante".
HRW concluyó que la manifestación se debió en protesta de la "adopción del presupuesto para el año 2021 por el Congreso de Guatemala el 17 de noviembre, tras un proceso sumario y poco transparente", que recortó "significativamente el financiamiento a programas sociales sobre desnutrición, educación, pobreza, vivienda y salud, así como las partidas para el Órgano Judicial y la PDH, lo cual podría afectar gravemente su trabajo".
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