Alrededor del 20% de la población de Florida en los Estados Unidos, está conformada por latinos inmigrantes y desde el próximo 1 de julio se enfrentarán a una muy dura ley migratoria.
Según críticos de la legislación, la misma “deshumaniza” a los indocumentados y perjudica a la economía local. Este miércoles el texto ya llegó al despacho del gobernador DeSantis para ser firmado por su promotor.
La directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Tessa Petit, aseguró que la legislación busca crear una frontera falsa entre Florida y el resto de la población de los EEUU.
“Está destinada a criminalizar a las personas que aún atraviesan por el complicado proceso de inmigración y a sus familias y amigos que visitan el estado”, expresó Petit.
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Ley contra inmigrantes
La subdirectora de Florida Immigrant Coalition, Renata Bozzetto, lamentó de que “un proyecto de ley con tantos problemas y con un increíble potencial de daño haya sido acelerado”.
Samuel Vilchez Santiago, director en Florida de la American Business Immigration Coalition (ABIC), advirtió la ley “exacerbará severamente la aguda escasez de mano de obra en Florida”.
Vilchez indicó en declaraciones a EFE que existe una necesidad de trabajadores en el ramo de la construcción, hospitalidad, atención médica y la agricultura.
Todas estas áreas dependen en gran manera del trabajo de inmigrantes que se presentan en las entrevistas. “En Florida por cada 100 puestos de trabajo abiertos solo se presentan 70 candidatos”, agregó
Puntos clave de la ley
Los puntos clave de la ley que entrará en vigor el 1 de julio próximo son los siguientes:
– Requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.
– Obliga a los hospitales que aceptan el seguro publico Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.
– Hace que el transporte de personas al estado de Florida sin un estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
– Prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes.
– No reconoce las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a los conductores sin un estatus migratorio regulado.
– Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.
– Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio.
– Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
– Asigna 12 millones de dólares para el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
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