El Gobierno de Colombia instaló este sábado 20 de agosto en el municipio de Caldono (suroeste) el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMU), que tiene como objetivo proteger a la población afectada por la violencia, especialmente social, líderes indígenas y desmovilizados.
La actividad estuvo encabezada por el ministro del Interior, Alfonso Prada. Junto a alrededor de 30 congresistas colombianos de todo el espectro político y miembros de la Comisión de Paz del Senado. Quienes además visitarán los 65 municipios más afectados por el conflicto en el país.
“Hemos instalado la UGP, que es un puesto de mando para lograr una seguridad rápida en modo prevención (…)”, dijo el ministro Prada.
Explicó que se dieron instrucciones a las instituciones que tienen atribuciones relacionadas con la protección de la vida de los líderes sociales.
“Hemos adoptado una serie de medidas para que se llegue muy rápido al territorio y que tengan protección para que la vida prevalezca sobre la muerte”, agregó Prada. También formó parte de la sesión el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Violencia en Colombia
Prada explicó que el plan de protección priorizará los 65 municipios más golpeados por la violencia en Colombia. Sin embargo el foco estará en “5 a 10 de ellos que están en una situación muy delicada y están asesinando sistemáticamente a sus líderes”.
“Vamos a hacer algo como un desembarco de Estado en estos 10 municipios para asegurar el apoyo y la presencia permanente”, dijo el funcionario.
En ese sentido, señaló que el Gobierno ordenó el “cumplimiento inmediato” de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Según la alerta, las comunidades indígenas y afros de estas poblaciones “corren un alto riesgo de ser víctimas de vulneración de sus derechos por los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia, en asocio con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC.
En cuanto a la violencia, el viernes 19 de agosto la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año se registraron 122 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Se trata de 32 homicidios más que en igual fecha de 2021, cuando se habían reportado 90, y 16 más que en 2020.
El informe indica que Cauca con 19 homicidios; Nariño con 17; Antioquia con 12 y Putumayo con 11; son los departamentos con mayor número de casos en los que han sido asesinados líderes sociales.
Para cerrar el camino a esta situación, Prada agregó que se tenía previsto reducir a la mitad el tiempo de los estudios de riesgo de los líderes sociales.
EFE
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