EFE
Autoridades hondureñas afirmaron hoy que investigarán la muerte de más de un centenar de campesinos en los últimos cuatro años en el Bajo Aguán, una zona en el Caribe del país sumida en un conflicto agrario.
La investigación, anunciada por el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, y el director de la Policía, Ramón Sabillón, buscará aclarar las circunstancias de la muerte de alrededor de 147 campesinos en los últimos cuatro años.
"Vamos a resolver las muertes que se han dado en el marco del conflicto (agrario) en el Bajo Aguán, para poder determinar las causas reales y establecer quiénes son los responsables y lograr su captura", indicó Chinchilla, en una rueda de prensa en Tegucigalpa.
Para ello, el Ministerio Público y la Policía crearán una "unidad especial", cuya sede estará en la caribeña ciudad de Tocoa y será integrada por "cuatro equipos especializados", agregó el fiscal, sin dar más detalles.
Además, destacó que "se investigarán alrededor de 147 casos" de campesinos que murieron de manera violenta en el Gobierno que presidió Porfirio Lobo hasta el 27 de enero pasado.
"Vamos a ir a resolver estas muertes violentas, a establecer cuáles fueron las causas, quiénes son los responsables y vamos a investigar la hipótesis de si son los terratenientes los que han tenido que ver con la mayoría de las muertes", explicó.
Organizaciones campesinas han acusado en varias ocasiones al Gobierno y a empresarios del Bajo Aguán, que no han identificado, de ser los responsables de los asesinatos de labriegos en esa zona.
El director de la Policía Nacional, por su parte, subrayó que esa institución y la Fiscalía tienen "la voluntad de aclarar" esas muertes violentas y "hacer justicia".
Además, señaló que la investigación permitirá "descubrir quiénes son los responsables materiales e intelectuales de esas muertes" en el Aguán, donde en los últimos cuatro años se han suscitado enfrentamientos armados entre labriegos y guardias de seguridad de fincas de palma africana propiedad de empresarios.
Durante la Administración de Lobo se compraron unas 4.000 hectáreas de tierras para entregar a los campesinos organizados, pero eso no ha frenado la violencia en el sector.
Tampoco lo ha hecho la presencia desde octubre de 2011 en el Bajo Aguán de una fuerza del Ejército, ni el desarrollo de un operativo de desarme decretado en el 2012 en el departamento de Colón. EFE