Una familia mormona víctima de una matanza en 2019 confirmó este martes que un juez mexicano admitió un amparo para que la Fiscalía General reabra la investigación contra el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en EE.UU. por narcotráfico y extraditado a México, donde fue exonerado.
"En el amparo se argumentó que toda la sociedad es víctima de los delitos que acusaban a Cienfuegos, por eso le dijimos al juez que como sociedad teníamos derecho a saber la verdad y tener justicia", explicó la familia LeBarón en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Polémica exoneración
A mediados de enero, la Fiscalía General rechazó ejercer acción penal contra Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que había sido señalado de lavado de activos y narcotráfico por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
La Fiscalía dijo entonces que, tras el análisis de las pruebas de las autoridades estadounidenses y las proporcionadas por Cienfuegos, "se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas".
La exoneración de Cienfuegos causó polémica porque la Fiscalía revisó en menos de dos meses el expediente que la DEA armó desde 2017.
"Argumentamos que teníamos interés en que se valore el no ejercicio de la acción penal. El juez admitió el amparo y le pidió a las autoridades que rindieran su informe", agregaron los LeBarón.
Después de que la Presidencia de México presentara una queja por el amparo, Adrián y Bryan LeBarón asistieron al Palacio Nacional, despacho y casa presidencial, para entregar la carta dirigida al mandatario.
Ante los medios, explicaron que en la misiva le pidieron al presidente que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se ocupe de investigar a los grupos de la delincuencia organizada y no a los impartidores de justicia.
Los LeBarón recordaron que tanto la Presidencia de México como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) promovieron una queja argumentando que no se debió admitir el amparo y un tribunal colegiado tendrá que resolver.
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