La jueza Jazmín Barrios, que se mantiene al frente del histórico juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, suspendió hoy la audiencia programada por ausencia de los abogados defensores, pero rechazó la anulación de lo actuado.
"Este tribunal es independiente y ningún órgano jurisdiccional puede obligarlo a suspender el juicio o retrotraerlo a una etapa anterior", dijo Barrios en una breve exposición antes de levantar la frustrada audiencia, pese a que otra jueza, Carol Flores, resolvió la víspera la anulación del juicio.
El Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por Barrios, acudió a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y abrió la audiencia, tal como había anunciado y citado a las partes.
Ante la ausencia de los abogados defensores de los dos ex generales del Ejército guatemalteco, Barrios decidió cancelarla y ordenó a la Defensa Pública Penal nombrar a dos abogados que los representen en el juicio, cuya fecha de reanudación no fue precisada.
Tanto Ríos Montt como Rodríguez acudieron a la audiencia pues estaban citados. De lo contrario, habrían incurrido en rebeldía. Sin embargo, los abogados defensores declararon que no asistirían y se habían marchado de la audiencia del jueves, alegando que estaba pendiente, para la tarde de ese día, la audiencia con la jueza Flores.
El pasado 5 de abril, en el marco del debate, Barrios ya se había pronunciado ante uno de los intentos de la defensa para parar el juicio. "No es posible suspender el debate; no se podrá retrotraer el procedimiento a etapas ya precluidas", subrayó la presidenta del Tribunal basándose en lo que dicta el Código Procesal Penal de Guatemala.
Este viernes, Barrios volvió a leer algunas de las normas de la legislación guatemalteca en las que sustenta esta posición. Reconoció, sin embargo, que el único órgano al que correspondería decidir en definitiva es la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país en materia constitucional. Informó que consultaría con el mismo.
La sala de vistas permanecía colmada por personas interesadas en el debate, principalmente activistas humanitarios.
Luego de la postura planteada por Barrios, la mayoría de los presentes aplaudió y coreó "justicia, justicia".
Algunos de los presentes dijeron espontáneamente que marcharían rumbo a la sede de la CC, a pocas calles de la CSJ, para realizar un plantón.
Antes de levantar la sesión, Barrios dijo que sólo quedaban seis testigos por ser escuchados después de 20 audiencias iniciadas el 19 de marzo.
El histórico juicio fue anulado el jueves por la jueza Carol Flores, titular del Juzgado Primero de Mayor Riesgo.
"No lo hago porque yo quiero, sino porque lo ordenó la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia", dijo la jueza Carol Flores al notificar a las partes.
La juzgadora explicó que su decisión se debió al cumplimiento de dos órdenes que le fueron notificadas el pasado martes: la primera de la CSJ y la segunda de la CC.
La primera ordena a su judicatura la restitución al Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) lo ordenado en el amparo interpuesto contra la decisión que el 23 de noviembre de 2011 trasladó a otro juzgado, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, el caso por el delito de genocidio contra el ex general Héctor Mario López Fuentes, único sindicado en aquellla fecha.
La segunda orden es de la CC y en ella el organismo señala que la juzgadora debe "recibir las actuaciones" y dar "exacto cumplimiento" al amparo provisional otorgado a la Caldh.
Estas resoluciones llevaron a la jueza Flores a decidir dejar sin efecto todo lo actuado del 23 de marzo de 2011 en adelante y anular el juicio por genocidio y deberes a la humanidad contra Ríos Montt y Rodríguez.
Pese a que la juez Flores advirtió el jueves que era su "obligación resolver lo ordenado por la CC y la CSJ", el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), anunció este día su intención de accionar contra la juez.
Por su parte, la fiscal general Claudia Paz, dijo el jueves que en su opinión la jueza Flores dictó una resolución ilegal al anular el trabajo realizado en el juicio.
Según Paz, a Flores le consta que ya se había dado cumplimiento a lo ordenado por la CC y afirmó que el amparo al que se refirió ya había perdido materia y su resolución está alejada de lo ordenado por el organismo.
Advirtió que el MP presentará todas las acciones legales ante los tribunales puesto que la jueza Flores "desobedeció y fue más allá de lo que debía".
Ríos Montt y Rodríguez son señalados de haber conocido los planes militares para ejecutar al menos 15 matanzas en comunidades del pueblo maya ixil entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, cuando el primero ejerció de facto el poder en Guatemala. Se estima que durante los ataques perdieron la vida al menos 1.771 indígenas de esa etnia maya./DPA