La Justicia española está pendiente de que los "indicios de criminalidad" que aprecian en una investigación sobre Juan Carlos I, sean confirmados o descartados en Suiza. Enviaron una comisión rogatoria, mientras la defensa del rey emérito de España considera que carecen de justificación.
La Fiscalía del Tribunal Supremo de España emitió este viernes un breve comunicado tras publicar el diario español El Mundo. Dicen que Carlos I cobró: "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".
Al respecto, la Fiscalía recordó que tiene abiertas tres diligencias de investigación referidas al rey emérito, una por el cobro de 65 millones de euros (unos 77 millones de dólares) en una cuenta en Suiza por presuntas comisiones de obras del tren de alta velocidad en Arabia Saudí; adjudicadas a empresas españolas, que en 2012 donó a la que fue su amiga íntima, Corinna Larsen.
Otra sobre si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales.
Inspecciones
La Hacienda española inspecciona las dos regularizaciones fiscales cumplimentadas por Juan Carlos I, una por cerca de 5,3 millones y otra por unos 823.000 dólares.
Dentro de las diligencias, la Fiscalía remitió una comisión rogatoria a las autoridades judiciales suizas, cuya respuesta servirá para: "confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación".
"No estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información", en la que "simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación", precisó.
Juan Carlos I, de 83 años, permanece desde hace un año en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).
Tras irse de España por sus presuntos negocios irregulares en el extranjero, la Fiscalía investiga si pudo cometer algún delito, la vez que dejó de ser inviolable cuando abdicó en junio de 2014.
El Mundo, que tuvo acceso a la comisión rogatoria, señala que la Fiscalía dispone "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación".
Además, tienen, procedencia ilícita e investiga posibles delitos de "blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".
La defensa del rey emérito denunció que las afirmaciones de la Fiscalía se realizan "sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación".
En un comunicado, el abogado Javier Sánchez-Junco afirmó que "conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano", y trasladan a la opinión pública "consideraciones que perjudican gravemente" al anterior jefe del Estado.
El abogado subrayó que la solicitud a Suiza de hace casi siete meses, no es pública y las actuaciones de la Fiscalía "son reservadas".
Agencia EFE
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