La Corte Suprema argentina convocó hoy a una audiencia pública informativa para el próximo 28 de agosto sobre la ley de medios audiovisuales que enfrenta al Gobierno de Cristina Fernández y al Grupo Clarín desde hace más de tres años, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Como paso previo a emitir su resolución, la Corte reunirá ese día a las partes enfrentadas con un grupo de expertos, ajenos al proceso, conocidos jurídicamente como los "amigos del tribunal" (amicus curiae), que aportarán su opinión.
La Cámara Civil y Comercial Federal determinó el pasado abril la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios audiovisuales, sancionada por la Cámara de Diputados en 2009, pero el Gobierno apeló el fallo.
Se trata del artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma.
La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó el pasado julio la constitucionalidad de ambos artículos, cuestionados por el Grupo Clarín, el mayor multimedia del país, y pidió a la Corte Suprema que revoque el fallo anterior.
Gils Carbó consideró que la resolución de la Cámara Civil y Comercial resultó "arbitraria" y "es el resultado de un apartamiento de los fines previstos por el legislador, que fueron sustituidos por el tribunal arrogándose facultades ajenas".
La Corte Suprema, que solicitó el dictamen de la procuradora general, tiene ahora la última palabra en la causa, abierta a petición del Grupo Clarín.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.
Sucesivas medidas cautelares dictadas por la Justicia la han mantenido parcialmente suspendida hasta la fecha.
La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley, están obligados a desinvertir.
Clarín, el grupo más afectado por la normativa, cuestiona su constitucionalidad y considera que contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor multimedia del país. /EFE