La participación en los históricos comicios que se celebraron este fin de semana en la que los chilenos escogieron a los 155 candidatos que redactarán una nueva Constitución fue del 43,3 %, por debajo de lo que esperaban los expertos, informó este lunes el Servicio Electoral (Servel).
Casi 15 millones de ciudadanos fueron llamados a sufragar en estos comicios en los que también se eligieron otros tres cargos -alcaldes, concejales y gobernadores- con una gigante oferta electoral de casi 17.000 candidatos.
En las constituyentes, que abren la posibilidad de diseñar un nuevo modelo de país con más derechos sociales, las candidaturas de ciudadanos independientes fueron las grandes vencedoras, contra todo pronóstico, obteniendo 48 de los 155 escaños.
La derecha, en cambio, no obtuvo ni un tercio de los asientos (37), el porcentaje que le otorgaría poder de influir en la discusión y vetar artículos, por lo que queda de manos atadas ante las mayorías que puedan alcanzar sobre determinados temas los constituyentes de la oposición de izquierdas (53 entre las dos listas que presentaron) y los independientes.
Desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, ninguna elección ha superado el 50 % de participación -a excepción del plebiscito del pasado octubre, cuando sufragó el 50,9 %- y el suelo se registró en las municipales de 2016, cuando solo votó el 34,9 %.
El desglose por regiones y barrios apunta a que la afluencia de votantes en los sectores de más recursos y más conservadores ha sido mayor -llegando incluso a superar el 60 %-, mientras que en las zonas más pobres se sufragó menos.
Del total de padrón electoral, el 41,3 % son menores de 40 años, un grupo etario con altas tasas de abstención, a excepción del plebiscito de octubre.
En aquella votación, casi el 80 % de los electores decidieron enterrar la actual Constitución y la participación de los jóvenes de entre 18 y 25 años subió un 20 %, comparada con el 36 % de las presidenciales de 2017.
Desde su conformación, la asamblea constituyente, la primera paritaria del mundo y conformada exclusivamente por miembros electos, tendrá hasta un año para redactar la nueva Carta Magna que sustituya a la actual, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades de país.
El proceso culminará en 2022 con un plebiscito de salida para aprobar o rechazar finalmente el texto.
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