Un saldo de al menos 1.800 personas detenidas y cientos de comercios saqueados dejó una jornada de manifestaciones masivas en Francia, donde cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para denunciar el aumento en el costo de vida y el deterioro de las condiciones del sistema educativo.
Las movilizaciones se tornaron violentas cuando grupos de manifestantes encapuchados atacaron infraestructuras públicas y provocaron incendios en diversas localidades, destacando la casi destrucción del ayuntamiento del siglo XIX en la ciudad de Limoges. Sobre dicho incidente, el prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate, declaró a la cadena LCI que "el incendio fue deliberado" y provocó el colapso del tejado de la edificación antes de ser controlado.
Ante la magnitud de los disturbios en la región de la capital, donde se contabilizaron 855 arrestos, el presidente francés Emmanuel Macron convocó a una reunión de emergencia con altos funcionarios gubernamentales, previa a un mensaje en cadena nacional programado para las 8:00 de la noche.
Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, fijó posición a través de la red social X señalando que "el derecho a protestar es un derecho fundamental. Sembrar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es". La autoridad atribuyó los hechos a "grupos radicales de extrema izquierda" e informó que más de 500 efectivos de seguridad y bomberos resultaron lesionados durante los choques.
Las estimaciones oficiales ubicaron la participación en 550.000 manifestantes a nivel nacional —mientras los organizadores elevaron la cifra a 800.000—, al tiempo que la fiscalía de París abrió una investigación formal tras confirmarse la muerte de una persona por un ataque cardíaco en el perímetro de las protestas en la capital.
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