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Manifestantes iniciaban el viernes en la tarde marchas en Santiago y otras ciudades con la expectativa de reunir a miles de personas en las calles, al cumplirse una semana de las fuertes protestas contra el modelo económico en Chile que han dejado 17 muertos, miles de detenidos y millonarios daños.
La jornada arrancó con caravanas de camiones interrumpiendo el flujo en las principales autopistas hacia la capital, en una protesta de los transportistas por los altos cobros al uso de las carreteras, que en su mayoría administran privados.
En el puerto de Valparaíso, fuertes manifestaciones obligaron a evacuar la sede del Congreso.
La Cámara de Comercio de Santiago registró más de 1.400 millones de dólares en pérdidas, tanto por saqueos y destrucción de negocios como por menores ventas “producto principalmente del cierre forzado de locales y el robo o destrucción de inventarios”.
Según la asociación gremial, hay más de 25.000 locales afectados, de los que cerca de la mitad corresponde a pequeños negocios.
Santiago había recuperado el viernes el servicio parcial de más líneas del metro tras la suspensión completa de sus operaciones tras el incendio de decenas de estaciones. El gobierno decretó un estado de emergencia después de esos ataques.
“Está todo difícil. Difícil para tomar locomoción, para todo. Esto tenía que suceder y está bien, pero es difícil para llegar aquí, para movilizarse”, dijo Sergio Pérez, de 52 años, un vendedor ambulante de frutas en el centro de Santiago.
Las movilizaciones que se iniciaron con un llamado a evadir el pago de pasaje del tren subterráneo debido a un alza de las tarifas, congregaron después diversas demandas sociales como salud, educación y pensiones, en una de las economías más estables pero a la vez más desiguales de Latinoamérica.
El movimiento hasta ahora no ha mostrado un liderazgo claro y las convocatorias se han dado mayoritariamente a través de redes sociales. La del viernes llama a unirse a “La Marcha más Grande de Chile” a partir de las 2000 GMT en una céntrica plaza de Santiago, a poca distancia del palacio presidencial.
Manifestaciones similares se convocaron en otras ciudades de Chile, que está casi en su totalidad bajo custodia militar desde que el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia la madrugada del sábado primero en Santiago y luego en muchas otras regiones del país.
Las movilizaciones inicialmente pacíficas de la última semana han derivado en saqueos y violencia, especialmente en los barrios más pobres en las afueras de Santiago. Las protestas han dejado más de 6.000 detenidos y al menos 17 muertos según la Fiscalía, pese al toque de queda que ha regido en la semana.
La justicia investiga también si efectivos de seguridad han cometido abusos en el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones, como señalan organizaciones locales de defensa de los derechos humanos.
Aunque Piñera retrocedió en el alza en el precio del metro y luego anunció una serie de medidas para contener el descontento, aún enfrenta un camino de negociaciones con el Congreso, donde la centroderecha es minoría, para avanzar en la agenda social.
Durante la jornada, envió al Congreso el proyecto para el alza de las pensión básica entregada por el Estado.
“Aprobemos estos proyectos con la urgencia que los chilenos están pidiendo”, exhortó Piñera desde el Palacio de La Moneda, donde volvió a criticar a “grupos pequeños organizados, violentos y (que) han causado un daño gigantesco”.
“Quiero pedirle encarecidamente a todos mis compatriotas y muy especialmente a los medios de comunicación que contribuyan, que colaboren a recuperar la paz para que todos juntos y unidos podamos reemprender los caminos del futuro”, añadió.
2019-10-25
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