‘El Faro’, uno de los medios de comunicación más importantes de Latinoamérica, han anunciado que se ven en la obligación de cambiar su operación administrativa y legal a Costa Rica, debido a lo que califican como el "ataque a la libertad de prensa en El Salvador".
Sin embargo, aclaran que su equipo de redacción seguirá en la capital salvadoreña de San Salvador. "No dejaremos de informar sobre el país que está en el centro de nuestra cobertura".
Acusan al gobierno del presidente Nayib Bukele, de encabezar "campañas de deslegitimación y difamación" contra el medio y sus periodistas.
Asimismo, denuncian que han sido objeto de innumerables auditorías con "acusaciones fabricadas" por parte del Ministerio de Hacienda.
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Comunicado
Durante 25 años, El Faro ha operado administrativamente bajo la propiedad de la empresa salvadoreña Trípode, S.A. de C.V., con la que nació. Un cuarto de siglo después, cerramos esta etapa. El Faro se cambia de casa.
Desde el 1 de abril de este año, El Faro es administrado por la Fundación Periódica, en San José, Costa Rica. Nuestra redacción seguirá en San Salvador y seguiremos haciendo periodismo en El Salvador. Pero nuestra operación administrativa y legal ya no. Ahora somos un periódico centroamericano con sede en San José. Es la culminación de un proceso que emprendimos hace unos meses ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador.
El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas.
Durante la administración Bukele, El Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; espionaje con Pegasus; acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial. Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero.
Antes siquiera de que conociéramos la utilización generalizada de Pegasus para interceptar nuestros teléfonos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió en febrero de 2021 otorgar medidas cautelares a 34 miembros de El Faro.
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¿Qué posibilidades de defensa hay cuando el presidente que acusa sin pruebas controla todo el aparato judicial y los tres poderes del Estado?
En abril de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada también por el régimen, aprobó una ley que amenaza con prisión a quienes publiquen materiales relacionados con pandillas, intentando así que dejemos de publicar información sobre las negociaciones secretas entre Bukele y los líderes de las tres principales pandillas, en las que el gobierno, entre otras cosas, se comprometió a no extraditarlos hacia Estados Unidos a cambio de que bajaran las tasas de homicidios y apoyaran la elección de diputados de Nuevas Ideas en las legislativas de 2021.
El Salvador lleva más de un año bajo régimen de excepción, en el que las principales garantías de los ciudadanos han sido eliminadas "provisionalmente" y el sistema judicial está también bajo control del mismo grupo en el poder.
La criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los gobiernos de la región, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles. Los autócratas no toleran otras narrativas.
En Guatemala, una docena de periodistas enfrentan procesos judiciales y el presidente de elPeriódico, un medio que ha denunciado graves casos de corrupción en la actual administración, fue encarcelado, acusado de lavado de dinero en un proceso lleno de irregularidades. Los ataques contra la prensa se han intensificado desde que poderosos grupos políticos, económicos y militares se hicieron del control del aparato judicial.
Honduras ocupa el lugar más bajo de la región en el índice de libertad de prensa y la llegada de un nuevo gobierno no ha supuesto grandes cambios para el ejercicio periodístico. Siguiendo los patrones de El Salvador, la presidenta Xiomara Castro ha decretado también estado de excepción; y ha debilitado el mecanismo de protección a periodistas en riesgo.
Nicaragua presenta el caso más perverso. La dictadura de Ortega ha cerrado todos los medios de comunicación que le son críticos y hoy es el único país del continente que no cuenta con un periódico impreso. Una docena de periodistas y trabajadores de medios han sido despojados de su ciudadanía y más de doscientos periodistas intentan hoy informar desde el exilio.
Desde 2019, el salvadoreño se ha unido a esa desafortunada lista de gobiernos que ven un enemigo en el periodismo crítico y han eliminado contrapesos para actuar impunemente. En El Salvador ya no hay derecho a la legítima defensa ni leyes que se hagan valer por encima de la voluntad de funcionarios.
Por eso decidimos sacar El Faro de El Salvador y mudarnos a Costa Rica, un país centroamericano en el que aún hay división de poderes, derecho a la legítima defensa y respeto al estado de derecho.
Es decir, hacemos un movimiento que protege administrativamente al periódico, que ha sido todo este tiempo la primera línea de ataque de un régimen obsesionado con ocultar sus negociaciones debajo de la mesa, su corrupción y su manejo arbitrario de las cuentas públicas.
Sacamos a El Faro pero nuestra redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador. No dejaremos de informar sobre el país que está en el centro de nuestra cobertura.
Nuestro periodismo, pues, no se va a ningún lado. La mudanza es justamente para continuar haciéndolo de manera independiente y crítica, menos vulnerables a las arbitrariedades del régimen. Nos vamos para quedarnos.
La mudanza es también una oportunidad de dar otro paso en nuestra aspiración regional, ratificada hace más de 15 años en nuestra propuesta editorial central:
Con vocación centroamericanista y universal, denunciamos la violencia, la pobreza, la inequidad, la censura y las diversas formas de corrupción, abuso o impunidad.
El Faro es un periódico centroamericano, ahora con sede en San José.
En aquel documento expresamos también el sentido de nuestro trabajo, como contribución a la construcción de una mejor Centroamérica. Hoy, más que nunca en nuestros 25 años de historia, los elementos que definen ese anhelo están siendo amenazados.
Los reivindicamos:
Queremos una Centroamérica en paz y más democrática, cimentada en el intercambio de ideas, la inclusión, la justicia, la rendición de cuentas, la igualdad de oportunidades, y la creatividad.
Y en consecuencia proveemos a nuestros lectores herramientas intelectuales para la conformación de una mejor sociedad.
Eso queremos.
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