El caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset, quien es buscado por las autoridades de Bolivia, tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia tras revelarse que el sujeto logró tramitar documentos de identidad falsos y fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división.
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Desde el fin de semana se desplegaron a unos 2.500 policías para capturar a Marset, inicialmente en el departamento oriental de Santa Cruz y desde este martes esos operativos se extendieron a varias regiones bolivianas con controles en las carreteras, entre otras medidas.
Además, la Policía Boliviana informó este martes que se hallaron al menos tres vehículos de gama alta abandonados en la ciudad de Santa Cruz, los que supuestamente Marset y su familia usaron para huir.
También fueron detenidos dos jugadores de fútbol uruguayos por sus presuntos vínculos con Marset
La manera cómo el uruguayo vivió durante varios meses en Bolivia, sin que las autoridades detectaran nada extraño, ha levantado las críticas contra entidades como el Servicio General de Identificación Personal (Segip) por entregar a Marset dos documentos de identidad con nacionalidad boliviana.
"El narcotraficante más buscado de Sudamérica vivía orondo en nuestro país, delinquiendo, jugando fútbol y manejando su propio equipo, a pesar de advertencias", escribió en Twitter el expresidente boliviano Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002).
El diputado evista del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Daniel Rojas pidió que se investiguen a las "cabezas" de la Policía por activar recién la persecución contra Marset, cuando el caso "data de un mes atrás".
El exministro de Gobierno (Interior) Carlos Romero, durante el Gobierno de Evo Morales, señaló que Bolivia "se aplazó" en el caso de Marset ante la comunidad internacional.
"Tenían la información de su paradero acá en Bolivia desde el máximo nivel y nadie hizo nada por detenerlo", enfatizó.
El director del Segip de Santa Cruz, Alpacino Mojica, confirmó que en 2018 Marset tramitó un documento de extranjería con su nombre, pero que también consiguió un certificado de nacimiento y un carné boliviano con otro nombre.
Mojica señaló que se inició una investigación en contra de algunos funcionarios del Segip que al parecer permitieron esas irregularidades.
El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y se le relaciona con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia. EFE
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