No son fichas de cambio: la ONU busca endurecer las penas globales contra la toma de rehenes

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 12:47 pm
No son fichas de cambio: la ONU busca endurecer las penas globales contra la toma de rehenes

En un movimiento que busca cerrar las puertas a la impunidad, la Relatora Especial de la ONU sobre la Tortura, Alice Jill Edwards, ha lanzado un llamado urgente a la comunidad internacional: la toma de rehenes debe ser clasificada formalmente como un crimen de lesa humanidad.

La propuesta fue presentada este 29 de enero de 2026, en el marco de las sesiones finales para la redacción de la nueva Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad en Nueva York. Edwards advirtió que no incluir este delito en el tratado actual dejaría un vacío legal inaceptable.

Una táctica de manipulación sistemática

La relatora enfatizó que, en la última década, la toma de rehenes ha evolucionado de ser un acto criminal aislado a convertirse en una herramienta de coacción política utilizada por grupos extremistas e, incluso, por Estados.

"Los seres humanos no pueden ser tratados como mercancía. La toma de rehenes se utiliza sistemáticamente para manipular gobiernos y sociedades, infligiendo un trauma que, en muchos casos, equivale a la tortura", señaló la experta.

Las implicaciones de este cambio

Si la propuesta es aceptada e integrada en la Convención, las consecuencias para los perpetradores serían drásticas:

  • Sin fronteras para la justicia: cualquier país del mundo podría procesar a los responsables bajo el principio de jurisdicción universal.
  • Imprescriptibilidad:eEl delito no caducaría; los responsables podrían ser juzgados décadas después de cometido el acto.
  • Protección fuera de conflictos: a diferencia de las leyes actuales que limitan esto mayormente a tiempos de guerra, la nueva tipificación protegería a civiles en cualquier contexto político.

El cierre de las negociaciones

El Comité de la ONU tiene hasta este viernes 30 de enero para definir si incorpora esta demanda en el borrador final. De lograrse, sería la actualización más significativa en el derecho penal internacional desde el Estatuto de Roma

 

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