EFE
La muerte de un estudiante torturado y apaleado por sus compañeros de universidad durante un rito de iniciación ha conmocionado a Filipinas, un país donde las novatadas extremas pueden acabar en el hospital o en la morgue.
Horacio Castillo fue enterrado esta semana no como un alumno de Derecho sino como un jefe de Estado.
Así describió su funeral la familia de este joven de 22 años, al que las masas despidieron entre llantos y pancartas el miércoles en Manila con un multitudinario evento retransmitido por televisión para los cien millones de habitantes del archipiélago.
Cubierto de hematomas y marcas de cera de vela derretida, el cuerpo ya inerte de Horacio ingresó en el hospital la madrugada del domingo 17, transportado por un compañero de la hermandad Aegis Juris que ahora se encuentra en prisión preventiva acusado de homicidio junto a otras 15 personas.
Para cumplir su sueño de ser abogado, el joven se matriculó en Derecho en la prestigiosa Universidad de Santo Tomás y solicitó ingresar en Aegis Juris, una fraternidad con 38 años de historia que ha ofrecido destacados hombres de leyes, entre ellos el propio decano de la facultad.
La prueba de admisión, sin embargo, fue demasiado dura para este universitario de aspecto inocente al que los golpes y las quemaduras acabaron por producir una parada cardiorrespiratoria, según la autopsia.
"La cultura de los ritos de iniciación en Filipinas refleja la imagen del macho que muchos hombres quieren proyectar; ser fuertes, capaces de soportar el dolor y absolutamente leales a su grupo", explica a Efe Aurelio Servando, de 56 años, que se convirtió en un reconocido activista contra las novatadas después de que una de ellas acabara con la vida de su propio hijo, Guillo.
Guillo murió por los golpes que recibió el 28 de julio de 2014 por sus compañeros de Tau Gamma Phi, una hermandad que con ocho muertes desde su fundación en 1968 ostenta el récord absoluto de novatadas fatales en la historia de Filipinas.
En el último medio siglo hay documentados al menos 28 homicidios de estudiantes en ritos de iniciación en todo el país, de los cuales 18 se han producido en la última década y media.
Además, desde 2002 este tipo de rituales han causado 163 heridos y 15 de los agresores están en la cárcel, mientras 19 casos todavía permanecen bajo investigación, según datos de la Policía Nacional de Filipinas.
El caso de Castillo llega en un momento en que el Congreso bicameral del país tramita un proyecto de ley para reforzar los castigos a quienes cometen abusos contra sus compañeros de estudios en el seno de fraternidades, colegios mayores y otras comunidades de estudiantes.
La iniciativa, que espera ver la luz antes de finales de año, sustituirá a la obsoleta ley antinovatadas de 1995 al contemplar la violencia psicológica, castigar todo tipo de coacciones entre compañeros e imponer por primera vez multas, según expone a Efe la diputada Bernadette Herrera, que ha promovido activamente el texto.
Servando, sin embargo, se muestra pesimista tras su experiencia para hacer justicia en el caso de su hijo, que en este momento está en el tribunal de apelaciones y los culpables en libertad, y para que no haya más familias como la suya o la de los Castillo rotas por la crueldad de las novatadas llevadas al extremo.
"La justicia en Filipinas es como un bambú que se puede doblar a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, según cuánto dinero tengan los acusados para comprar a abogados y jueces", sentencia el padre de Guillo.
Este incansable activista regenta un restaurante al norte de Manila con un amplio comedor donde grupos de jóvenes se reúnen para cenar los fines de semana. En la pared un cartel grande y visible reza "Prohibidas las novatadas en este local".
2017-09-29