El estado de Nueva York ha tomado una clara postura en contra de las políticas migratorias del gobierno federal.
Con la implementación de la ley "Policía Local, Crímenes Locales" (Local Cops, Local Crimes Act), las autoridades estatales han prohibido de manera oficial que la policía local y los departamentos del alguacil colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en operativos o detenciones relacionadas con la inmigración civil.
Esta medida anula de inmediato los acuerdos de cooperación 287(g), que permitían a los agentes locales desempeñar funciones de control migratorio federal.
Un resguardo para la policía local y los recursos públicos en Nueva York
La gobernadora demócrata Kathy Hochul ha confirmado que esta normativa tiene como objetivo asegurar que los cuerpos de seguridad se concentren en la delincuencia local, en lugar de en la amplia agenda de deportaciones del gobierno federal.
Según Hochul, los recursos de los contribuyentes neoyorquinos no deberían ser utilizados para hacer el trabajo de una agencia federal.
"Aquí en Nueva York necesitamos que la policía local se concentre en mantener seguras a nuestras comunidades, no en actuar como agentes de facto de ICE ni en ejecutar su agenda migratoria", aseveró Hochul durante la presentación oficial de la medida.
El texto legislativo establece que la policía sólo podrá ofrecer apoyo o compartir recursos con las autoridades federales si hay sospechas o pruebas de un delito grave o de carácter criminal.
Impacto en la confianza comunitaria y debate político
Brendan Cox, el jefe del Departamento de Policía de Albany, ha dado su apoyo a la implementación de esta norma.
De acuerdo a la información la prensa local, Cox subrayó que involucrar a la policía en tareas de inmigración civil socava la confianza entre los ciudadanos y las fuerzas del orden.
Según él, si los residentes indocumentados sienten miedo de acudir a las autoridades para reportar delitos por temor a ser deportados, la seguridad de toda la comunidad se ve gravemente afectada.
Por otro lado, Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, aplaudió la medida y señaló que este marco legal impide que el estado actúe como una extensión del sistema de deportación federal. No obstante, la ley ha encontrado resistencia en algunos sectores conservadores.
Líderes republicanos como Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, han manifestado su oposición, argumentando que la colaboración con ICE es crucial para sacar a los delincuentes de las calles.
En respuesta a la resistencia de ciertos condados, la fiscal general del estado, Letitia James, ha emitido citaciones judiciales para asegurar que la ley se cumpla de manera estricta en todo el estado.
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