El ombudsman de Honduras, Ramón Custodio, advirtió hoy del peligro de aprobar un proyecto de ley que crea una Policía Militar, lo que supone la militarización de la seguridad pública, que impulsa el presidente del Parlamento, Juan Orlando Hernández, pero que varios sectores rechazan.
La iniciativa, denominada Policía Militar de Orden Público, es "una tendencia al autoritarismo, al debilitamiento de las instituciones del Estado y a la remilitarización de la administración pública", indicó Custodio en un comunicado.
El proyecto, presentado la semana pasada por Hernández, quien goza de un permiso del Parlamento porque es candidato presidencial en las elecciones generales de noviembre próximo por el oficialista Partido Nacional, comenzó hoy a compartirse con diversos sectores que se oponen porque consideran que sería militarizar la seguridad.
Custodio señaló que el nuevo cuerpo policial sustituirá las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, en depuración desde 2011 debido a las múltiples denuncias contra agentes y oficiales involucrados en delitos como homicidios, narcotráfico, extorsión, secuestros y robo de vehículos, entre otros.
La Constitución de Honduras establece que la relación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es de "cooperación y no permite la creación de un cuerpo" policial, subrayó.
La iniciativa, según el ombudsman, violenta varios artículos de la Constitución de Honduras y la independencia de los fiscales y jueces, que serían asignados a la Policía Militar por el Consejo de Defensa y Seguridad.
Según la información oficial, el proyecto autoriza a las Fuerzas Armadas a crear unas 5.000 nuevas plazas y contempla que unos 30.000 soldados en reserva colaboren con la Policía Militar.
En ese sentido, Custodio dijo que los reservistas solo pueden ser utilizados en "casos de guerra o emergencia".
Los miembros que integren la Policía Militar, de acuerdo al proyecto, gozarán de mejores salarios e incentivos que los que reciben los agentes policiales lo que, según Custodio, agravaría la crisis fiscal y económica que atraviesa el país centroamericano.
Además, señaló que "alteraría la estabilidad de otros cuerpos de seguridad, jueces y fiscales que no tienen estos beneficios".
El Gobierno del presidente Porfirio Lobo ha tratado de frenar la criminalidad que causa a diario una veintena de muertos, a través de diferentes operaciones del Ejército y la Policía, pero la violencia continúa. /EFE