2001.com.ve | EFE
Varias ONG de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos advirtieron este miércoles que Ecuador ha tenido una "débil actuación" sobre el caso de esclavitud moderna en plantaciones de la empresa Furukawa, que involucra a más de 1.200 trabajadores y sus familias.
En una convocatoria en la que participaron responsables de las organizaciones y afectados en Quito, se hizo un balance de la situación en las instalaciones de la firma japonesa, siete meses después de que la Defensoría del Pueblo diera a conocer un demoledor informe sobre este grave caso de esclavitud.
El documento recogía graves vulneraciones a cientos de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas del abacá, una planta cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial.
"Tengo dos piernas quebradas. He trabajado en esa Furukawa 38 años y como ya no pude trabajar más me botaron como a un perro", explicó entre sollozos un hombre en la cincuentena que no quiso revelar su identidad por temor a represalias.
La firma de capital japonés opera desde hace 56 años en Ecuador, donde cuenta con 32 haciendas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas y que continúan abiertas.
A pesar de que el caso fue denunciado en febrero, las recomendaciones que hizo la Defensoría "no han sido consideradas" y las acciones de protección interpuestas por la Fiscalía "incumplidas", denuncian las ONG en lo que consideran una estratagema de la empresa "de ganar tiempo para manipular el caso en ausencia de las autoridades públicas".
"Furukawa es el caso de derechos humanos más importante en el país en este momento, estamos hablando de más de 1.200 trabajadores y sus familias", afirmó Pablo Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, que junto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), conforman el Comité de Solidaridad con los trabajadores de Furukawa.
El representante añadió que los afectados llevan siete meses sin obtener "respuestas contundentes" por parte el Estado, así como tampoco una reparación a sus derechos vulnerados.
Es más, recalcó que la crisis humanitaria de las víctimas "ha empeorado" debido a presiones e intimidación de la empresa, que efectúa desalojos forzosos, a los que se suman la falta de ingresos, porque los denunciantes se ha quedado sin medios de subsistencia.
La empresa fue denunciada por trabajo infantil, condiciones de vida indigna y esclavitud, falta de acceso a la salud, educación o higiene básica de los trabajadores, trata de personas y vulneración del derecho a la identidad, con familias enteras sin figurar en los registros oficiales, entre otros delitos.
Ante este panorama, Iturralde lamentó que "el Estado dio respuestas débiles" y expuso, en ese sentido, que el Ministerio de Trabajo denunció a la empresa por intermediación laboral en la provincia de Esmeraldas, donde están las haciendas con menor cantidad de obreros, sin valorar el tema de la explotación laboral.
Las organizaciones también mencionaron compensaciones económicas irrisorias, en muchos casos extrajudiciales y que contravienen la legislación en materia laboral y de derechos humanos.
Al mismo tiempo censuraron que Ecuador haya respondido a los requerimientos de relatores de la ONU que analizaron el caso, con que la situación estaba "neutralizada".
Muchos de los afectados fueron desalojados por la noche, algunos campamentos destruidos, según las organizaciones, a fin de evitar que los organismos de control puedan verificar las condiciones de vida. Además, el 50 % de los afectados se encuentran en paradero desconocido tras las expulsiones.
También acusaron al Estado de "sentar a negociar a la empresa con los afectados en condiciones de igualdad", haciendo la vista gorda a los compromisos adquiridos.
La hermana Elsie Monge, directora ejecutiva de Cedhu, indicó que el "81 % de los habitantes en las haciendas de Furukawa vive en la extrema pobreza durante décadas y el 17 % en la pobreza".
Y precisó que la empresa ha buscado en los últimos meses "borrar las evidencias derrocando los campamentos y dispersando" a los trabajadores a otros lugares, "unas maniobras para que se cierre el caso".
2019-09-18
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