Los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos sostienen conversaciones bilaterales orientadas al levantamiento o flexibilización de sanciones económicas, con el objetivo de facilitar el flujo de ayuda multilateral e inversiones destinadas a la reconstrucción tras el devastador doble terremoto del pasado junio.
La información fue confirmada por la directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, durante una entrevista concedida a EFE.
La alta funcionaria de la ONU realizó la declaración tras concluir una visita técnica a Venezuela, en la cual evaluó las necesidades sobre el terreno e inspeccionó las áreas afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.
Muschett confirmó que las medidas coercitivas estadounidenses condicionan de manera directa la llegada de fondos y asistencia técnica internacional, siendo este un punto central abordado con las autoridades venezolanas.
La funcionaria enfatizó que la atención a la población debe privar sobre la dinámica geopolítica, señalando que la recuperación ante un desastre de esta magnitud requeriría años de esfuerzo si Venezuela contara únicamente con recursos propios.
El posicionamiento del PNUD se alinea con el llamado del subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien previamente solicitó eximir de restricciones a los insumos y programas de asistencia post-desastre.
2. Evaluación de Daños (PDNA) y Apoyo Tecnológico
Durante su estancia en Caracas, el PNUD presentó la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA), la cual cuantifica en 21.000 millones de dólares el requerimiento financiero para la reconstrucción del país.
Cerca del 70 % del monto estimado corresponde a la destrucción o daño estructural en el sector habitacional.
El equipo del PNUD brinda soporte técnico a equipos locales mediante el uso de aeronaves no tripuladas e inteligencia artificial para evaluar la estabilidad de infraestructuras, categorizar daños y determinar demolimentos o reparaciones.
A casi tres meses del evento telúrico, la remoción de escombros continúa como una fase operativa prioritaria para avanzar hacia el marco de recuperación resiliente diseñado por el Ejecutivo nacional.
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