Una orden judicial detuvo la deportación de otros cuatro venezolanos, una madre y sus tres hijos, parte de la veintena de personas, detenidas la semana pasada.
La jueza Avason Quinlan-Williams dictó este domingo una orden que impide al Estado deportar a la familia que regresó entre la veintena de venezolanos a la isla después de que los “escoltaron”, fuera de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago.
La orden judicial determinó además que a la madre se le permitirá utilizar un teléfono celular para comunicarse con sus familiares y abogados.
La familia formaba parte del grupo de venezolanos trasladados desde la estación de policía a la instalación de cuarentena estatal en el helipuerto en Chaguaramas.
El resto de venezolanos del grupo permanecen en situación de cuarentena a la espera de una decisión judicial sobre su futuro.
Al mediático asunto de los 16 menores siguió el anuncio el sábado del Ministerio de Seguridad Nacional de la deportación de 160 ciudadanos venezolanos.
El Ministerio de Seguridad Nacional anunció que la deportación se llevó a cabo “en conjunto con las autoridades venezolanas”.
La agencia gubernamental subrayó que la medida se hizo en cumplimiento de las leyes de Trinidad y Tobago “para proteger a sus ciudadanos”.
EFE
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