AP
Médicos y feministas pidieron el jueves al gobierno aprobar una importante guía de procedimientos que respalde a miles de ginecólogos del país cuando interrumpen embarazos que amenazan la vida de las gestantes, usualmente pobres.
Pese a que el aborto terapéutico es legal desde 1924, no se da en la práctica porque los médicos consideran que "de ocurrir problemas (durante el procedimiento) no tienen apoyo legal para defenderse en tribunales que otorgaría una guía técnica del aborto terapéutico", dijo a la AP el doctor Alfredo Celis, presidente de la sociedad ginecológica de Perú.
Celis, un experto en patologías ginecológicas y catedrático de la facultad de medicina de la Universidad de San Marcos, afirmó que grupos religiosos conservadores, presionan a la ministra de Salud, Midori de Habich, "para no sacar el reglamento que evitaría muertes sobre todo de mujeres pobres del país".
La AP solicitó por teléfono y correo electrónico comentarios a la oficina de prensa del Ministerio de Salud, sin obtenerlos al momento.
Susana Chávez, directora de la organización feminista Promsex, recordó que existen una sentencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitida en 2005 y otra del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la ONU en 2011 que piden a Perú aprobar la mencionada guía técnica, "lo que no se ha cumplido hasta ahora".
Chávez recordó que ambos pronunciamientos se produjeron por dos conocidos casos ocurridos en Perú. El primero de K.L una peruana de 17 años obligada en 2001 a llevar un embarazo con un feto sin cerebro y el segundo de L.C una niña peruana violada de 13 años en 2007 que necesitaba abortar para no quedar parapléjica.
El ginecólogo Luis Távara, director de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, dijo que pese a no existir datos oficiales expertos calculan que en Lima se producen hasta 100 abortos terapéuticos por año.
Cuba, Puerto Rico, Uruguay y la ciudad de México tienen despenalizados el aborto, mientras que en Chile, Honduras, Nicaragua y El Salvador está penalizado en todas sus formas. En Argentina se permite el aborto tras abuso sexual.