Los abogados que llevan la querella presentada en Argentina contra los crímenes del franquismo en España solicitan la imputación de los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez, por sus responsabilidades cuando ejercían sus cargos.
Los letrados Carlos Slepoy y Ana Messuti, que comparecieron hoy en Madrid en rueda de prensa para dar cuenta de sus gestiones en la causa, destacaron que ésta se inspira en el "principio de justicia universal", el mismo principio -dijo Slepoy- que España usó contra Chile o Argentina.
El letrado destacó que ésta es la única vía judicial abierta en este momento y afirmó que espera que se dicten órdenes internacionales contra estas personas y pidan su extradición.
"Argentina está cumpliendo con una obligación internacional" en materia de genocidio y delitos de lesa humanidad, dijo.
A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976) se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria (norte) en marzo de 1976 de cinco trabajadores por una carga policial; a Utrera Molina, ministro de Vivienda en 1973, por su responsabilidad en la pena de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, ajusticiado a garrote vil en 1974.
A Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, se le pide la imputación por su responsabilidad en la pena de muerte de las cinco personas fusiladas en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-)
A la querella, que fue presentada ante un juzgado de Argentina en abril de 2010, se han sumado más de 150 personas, y cuenta con el apoyo de cientos de organizaciones, entre ellas los partidos políticos españoles Izquierda Unida y los republicanos catalanes de ERC, cuyos representantes Gaspar Llamazares, y Joan Tardá estuvieron presentes en el acto.
Según Llamazares, en referencia al cierre de la causa que en España llevaba el juez Garzón, afirmó que "se ha cerrado una puerta en España, pero se ha abierto otra en Argentina".
Joan Tardá, diputado de ERC, se refirió a cómo otros países han "metabolizado" su pasado, en referencia a Chile, Argentina o Sudáfrica y denunció que "el único que no lo a hecho es el Estado español".
Slepoy y Messuti están en España pasa asistir a la declaración de doce personas por videoconferencia ante la jueza argentina María Servini de Cubría, encargada de la querella, las primeras previstas este sábado.
Estas videoconferencias están pendientes de la respuesta del ministerio español de Asuntos Exteriores, que aún no se ha manifestado, aunque Slepoy afirmó que "disolver el caso es imposible".
La jueza argentina suspendió el pasado septiembre su viaje a España para reunir testimonio de las víctimas porque la Corte Suprema de Justicia de su país limitó las condiciones que había solicitado, aunque según el letrado argentino, "lo esencial es que se adopten medidas en el proceso" como la presentación de querellas "y que finalmente la jueza presente órdenes de imputación".
Además de la toma de declaraciones, la jueza aceptó la petición de los abogados de solicitar a los consulados argentinos en el mundo que acepten las denuncias que presenten las víctimas, lo que supone la "internacionalización" de la causa.
La magistrada tiene pendiente otra petición de los abogados personados en la causa, la presentación de un escrito de imputación.
La querella se presentó por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarca el periodo entre julio de 1936, fecha del levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.
La causa fue abierta en Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal y muchas víctimas del franquismo se han unido a la querella argentina después de que el juez Garzón fuera suspendido de sus funciones en 2010 y luego inhabilitados en febrero de 2012 por ordenar escuchas policiales entre los cabecillas de la trama Gürtel. EFE