El presidente chileno, Sebastián Piñera, evalúa cerrar uno de los dos penales que acogen a condenados por violaciones a los derechos humanos y agruparlos a todos en un solo recinto, donde gozan de privilegios que no están al alcance de los presos comunes.
Se trata del Penal Cordillera, que cuenta con diez presos -entre ellos Manuel Contreras, antiguo jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet- resguardados por 36 gendarmes (guardias de prisiones), y de Punta Peuco, donde hay 44 internos vigilados por 82 gendarmes.
"El presidente comentó en el comité político que está evaluando cerrar el Penal Cordillera. Esa es una decisión que se va a tomar en los próximos días", dijo la portavoz del Ejecutivo, Cecilia Pérez, en declaraciones que publica hoy el diario La Tercera.
Según el rotativo, Piñera encargó un informe sobre esta materia a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, y tomará una decisión a su regreso de Nueva York, donde se encuentra para participar en los próximos días en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Punta Peuco, a unos 35 kilómetros al norte de Santiago, fue creado en 1995 por el Gobierno del democristiano Eduardo Frei, mientras que el Penal Cordillera, situado en el sureste de la capital, se abrió en 2004 por decisión del socialista Ricardo Lagos.
En Punta Peuco están encarcelados oficiales y suboficiales retirados de Gendarmería, Carabineros y las Fuerzas Armadas, mientras que en el Penal Cordillera está la cúpula de la policía secreta, incluidos Manuel Contreras y Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, dos de sus más cercanos colaboradores.
En noviembre de 2012, una comisión especial integrada por ocho jueces y cuatro representantes del Ministerio de Justicia propuso también trasladar hasta Punta Peuco a los internos del Penal Cordillera.
Según el informe que elaboraron entonces, los presos de Punta Peuco se alojan en habitaciones individuales con baño privado y cuentan con comedores, salas de lectura, canchas de tenis, salas de ejercicio y amplios jardines.
Estas condiciones contrastan con las que sufren la mayoría de presos en las cárceles comunes del país, con malas condiciones higiénicas y alto hacinamiento, que se puso de manifiesto con el incendio en el que en 2010 murieron 81 presos.
El pasado miércoles, en una entrevista con CNN Chile, Piñera adelantó que estaba estudiando la situación de estas cárceles especiales.
"Estoy revisando, como presidente, si se justifica que exista una cárcel como Cordillera, donde entiendo que hay solamente 10 personas privadas de libertad con más de 40 gendarmes", señaló.
"Estamos estudiando si eso se justifica, cuáles fueron las razones que tuvo el presidente Lagos para haber construido esa cárcel y qué medida podemos tomar al respecto", apuntó el mandatario, el primero de derechas que gobierna en Chile tras el retorno a la democracia en 1990. EFE