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El presidente chileno Sebastián Piñera aún lucha por calmar el estallido social en las calles que cumple justo un mes y que cambió radicalmente el escenario al gobierno derechista y lo colocó en una situación impensable hasta hace poco: conducir un largo proceso constituyente que llevaría a una nueva carta magna.
Tras varios días ausente, Piñera reapareció con un mensaje televisado al país la noche del domingo, en que no sólo justificó las turbulentas e incesantes protestas, sino que aseguró que no habrá impunidad ante los hechos violentos y la fuerte represión a los manifestantes. Al menos 26 personas han muerto y miles resultaron heridos en las violentas protestas que se iniciaron por una suba de la tarifa del Metro.
El lunes las multitudinarias manifestaciones proseguían pese al mensaje presidencial y a un acuerdo inédito alcanzado la semana pasada por la totalidad de los partidos políticos, excepto los comunistas, dirigido a realizar en abril un plebiscito para preguntar a los chilenos si quieren cambiar la Constitución vigente, y mediante qué mecanismos, una de las demandas que fue creciendo durante las manifestaciones.
Piñera, quien estuvo ausente el viernes en la firma del acuerdo, dijo que “todos hemos cambiado, porque el pacto social se resquebrajó y mostró sus heridas”.
Al mismo tiempo aseguró que “no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos y abusos”.
El uso indiscriminado de escopetas antidisturbios ha dejado miles de heridos, entre ellos a unas 230 personas que perdieron la visión de un ojo tras ser impactados por balines o perdigones.
“En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", aceptó el mandatario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumó el lunes a los observadores en terreno para verificar las denuncias de múltiples violaciones a los derechos cometidas en las protestas alertadas por organizaciones como Amnistía Internacional y el Colegio Médico local, que asegura que el 80% de los 230 jóvenes que perdieron la visión de un ojo fue por balines o perdigones disparados con escopetas antidisturbios, que sólo están permitidas a militares y policías.
En apenas un mes de estallido social, por otra parte, Piñera vio naufragar sus planes de crecimiento económico que lo ayudó a ganar un segundo mandato, así como su idea de reformas constitucionales, que no incluía un proceso constituyente.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció recientemente una rebaja en la proyección de crecimiento económico, desde un rango de entre 2,4 y 2,9 puntos porcentuales –previsto en septiembre– a entre 1,8 y 2,2 más o menos. También declaró que en los próximos meses se perderían unos 300.000 empleos. De hecho, pequeños comerciantes aseguran que ya se cerraron 50.000 plazas de trabajo debido a los incesantes disturbios.
El plan del gobierno ahora está centrado en un paquete de leves mejoras sociales para calmar la tensión en las calles, lo cual hasta ahora no se ha logrado.
José Miguel Cabezas, académico del Centro de Investigación y Salud de la Universidad Mayor, señaló a la AP que “de la misma forma que en su primer gobierno tuvo que cambiar su programa por un terremoto geográfico (8,8 grados de magnitud en 2010), en este segundo período también tuvo que enfrentar un terremoto en este caso social y político y no natural”.
“El programa de gobierno como venía planteado hasta ahora se acabó, en poco tiempo más vienen elecciones municipales y locales y por lo tanto todos los que tenían intereses de competir van a empezar a buscar espacios para hacerse conocidos, para aparecer en los medios por sí mismos, alejándose de la posición de Sebastián Piñera”, consideró el experto.
2019-11-18
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