El jefe de patrulla del Departamento de Policía de Nueva York, John Chell, hizo un llamado urgente para reformar las leyes de la ciudad que impiden la deportación de inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves.
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En un comunicado publicado a través de las redes sociales, el funcionario expresó su preocupación por el impacto de las leyes santuario en la seguridad de los neoyorquinos, destacando un caso reciente que ha conmocionado a la ciudad.
“Personas de todo el mundo llegan a Nueva York en busca de una vida mejor: el sueño americano. Sin embargo, una pequeña parte tiene otras intenciones.
Cómo cometer delitos y atacar a los habitantes de la ciudad de Nueva York. Daniel Davon-Bonilla es uno de esos depredadores”, expuso Chell.
Delito de un migrante
Daniel Davon-Bonilla, un inmigrante de 24 años originario de Nicaragua, fue declarado culpable de cometer delitos violentos en la ciudad.
En abril de 2023, fue arrestado por agredir sexualmente a una mujer en Brooklyn. Aunque el sistema de justicia penal actuó con rapidez y sentenció a Davon-Bonilla, el inmigrante ilegal fue liberado en junio de 2024.
Poco después de recuperar su libertad, volvió a cometer otro delito grave: el pasado domingo, agredió violentamente a otra mujer en Coney Island.
“¿Cuándo se modificarán las leyes de nuestra ciudad santuario para permitirnos notificar a las autoridades federales sobre la deportación de extranjeros condenados por delitos violentos?
No actuar permite que personas como Daniel Davon-Bonilla sigan victimizando a las mujeres de nuestra ciudad”, reclamó Chell.
El jefe de la Policía concluyó su mensaje con un llamado a los líderes locales y estatales para que tomen medidas inmediatas y revisen las políticas actuales.
"¡Hagamos todo lo posible para mantener nuestra ciudad segura!", instó, subrayando la urgencia de la situación.
Las leyes santuario de Nueva York
Las leyes santuario de Nueva York han sido un tema de intenso debate durante años por la forma en la que estas leyes protegen a individuos peligrosos, impidiendo que las autoridades federales los deporten después de haber sido condenados por delitos graves.
El llamado del jefe de la Policía de Nueva York añade un nuevo capítulo a este debate, planteando preguntas difíciles sobre la seguridad pública.
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