El presidente tunecino, Kais Said, extendió hoy hasta el 31 de diciembre el estado de emergencia, impuesto en el país en 2015.
Tras el atentado yihadista que mató a 12 guardias presidenciales en el centro de la capital y que se prolonga desde entonces de manera ininterrumpida.
A su llegada al poder a finales de 2019, el presidente tunecino, reconoció que esta medida era "anticonstitucional".
Asimismo, se comprometió a limitarla exclusivamente a la lucha contra el terrorismo. La última vez que la decretó fue el pasado mes de enero, por un periodo de un mes.
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Desde el 25 de julio, el país se encuentra igualmente bajo el Estado de excepción, por el que el mandatario cesó al primer ministro.
El presidente tunecino también suspendió el Parlamento y la casi totalidad de la Constitución y se hizo con plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".
Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.
En este sentido, el estado de emergencia otorga poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad, permitiendo, entre otras cosas, limitar el movimiento de la población.
También puede prohibir manifestaciones o huelgas susceptibles de derivar en desórdenes sin aprobación judicial previa.
Unas prerrogativas "exorbitantes", asegura la sociedad civil, que teme una regresión de los avances adquiridos durante la transición democrática.
Asimismo los activistas denuncian "abusos" como registros domiciliarios, perturbación de eventos culturales, vigilancia de los medios de comunicación y control de su contenido.
EFE
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