El primer ministro tunecino, Hichem Mechichi, declaró hoy aceptar su destitución, decretada un día antes por el presidente de la República. Aseguró estar preparado para el traspaso "pacífico" de poderes con el fin de evitar convertirse en un elemento "perturbador" que complique todavía más la crisis en el país.
"Me comprometo a garantizar el traspaso pacífico de poderes a la persona que será designada por el presidente, con respeto a las tradiciones del Estado y deseándole éxito al nuevo equipo de Gobierno". Afirmó el exdirigente en una carta compartida en las redes sociales.
El primer ministro defendió tomar decisiones "impopulares pero necesarias" debido a las limitadas capacidades del Estado y la situación de sus finanzas públicas durante uno de los momentos más difíciles de la historia del país, que arrastra una crisis económica y social "asfixiantes" tras los sucesivos gobiernos que no han sabido responder a las aspiraciones ciudadanas.
CONCILIAR LA INDEPENDENCIA
Los mayores obstáculos durante su mandato, subrayó, fueron conciliar la independencia, la ausencia de un partido y las exigencias objetivas del Gobierno. factores que exigen una mayoría parlamentaria difícil de alcanzar ante el mosaico de partidos que conforman el actual hemiciclo.
"Para evitar al país más colapso en un momento en el que necesita todas sus fuerzas para salir de la crisis que vive. No puedo ser de ninguna manera un elemento perturbador o parte de un problema que complique la situación de Túnez". Concluyó el político en su misiva, en la que aseguró que no aceptará ningún puesto o responsabilidad del Estado.
Esta es su primera declaración pública después de que el mandatario, Kais Said, anunciase ayer su cese y la suspensión de la Asamblea durante 30 días. Así como la retirada de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados "para recuperar la paz social y salvar al Estado". Decisión que la mayoría de fuerzas políticas, calificaron de "golpe de Estado".
Said aseguró hacer uso del artículo 80 de la Constitución que le otorga el poder de tomar medidas "excepcionales" ante un "peligro inminente". Tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento.
Según la Constitución, el objetivo de este texto es garantizar un funcionamiento regular del poder público "lo antes posible". Sin embargo, el Tribunal Constitucional- pendiente de creación desde 2015- debe supervisar dicho proceso y decidir sobre su extensión.
EFE
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