El gobierno de Puerto Rico firmó hoy un importante acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos mediante el cual las autoridades puertorriqueñas se comprometen a reformar la policía local para evitar futuras violaciones de derechos civiles.
El acuerdo fue firmado por gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, que viajó a Puerto Rico para la ocasión.
El arreglo evita una acción judicial de parte de la agencia norteamericana contra el gobierno de la isla, que conllevaba la posibilidad de que se colocara bajo sindicatura federal a la policía de Puerto Rico.
Los eventos que culminaron hoy con la firma de este acuerdo se iniciaron con una investigación que realizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que duró 5 años, sobre denuncias de frecuentes violaciones de los derechos civiles de los ciudadanos de Puerto Rico por parte de la policía local.
La investigación concluyó que en efecto existía un problema con la fuerza policiaca lo que llevó a la agencia federal norteamericana a radicar un recurso judicial en la sala del Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico para forzar una solución al problema.
Luego de cerca de un año de negociaciones se logró el arreglo firmado hoy, que conlleva una inversión de más de 20 millones de dólares en su primer año para lograr las metas acordadas.
"Este acuerdo se presenta para garantizar que la ciudadanía estará libre de ser víctima de fuerza excesiva, registros e incautaciones ilegales, o discriminación sistemática por parte de la Policía", dijo García Padilla, quién asumió la negociación ya en proceso cuando entró a la gobernación en enero pasado.
Los elementos principales del acuerdo, se informó, "están diseñados para crear, promover y asegurar un mejor reclutamiento, contratación y profesionalización de la Policía; controles internos de responsabilidad; controles internos en los procedimientos de registros, arrestos e incautaciones; protección de la igualdad y políticas anti discrimen; responsabilidad y procedimientos en la supervisión; compromiso con la comunidad y el acceso a información pública".
El entendido incluye la selección de un "Asesor de Cumplimiento Técnico" (TCA por sus siglas en inglés), que tendrá a su cargo la tarea de asegurarse del cumplimiento del mismo.
"Al final, la meta es que cuando las medidas requeridas estén implementadas en su totalidad, el país cuente con un cuerpo policiaco que además de velar por la seguridad de todos, garantice los derechos civiles individuales y cuente con la confianza de la gente", sostuvo el gobernador. /DPA