El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por un periodo adicional de 30 días el estado de excepción en ocho provincias de la nación mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo 532.
La disposición mantiene la medida en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, demarcaciones en las que el Ejecutivo justifica la necesidad de combatir las operaciones del crimen organizado.
La prórroga otorga continuidad a las acciones iniciadas bajo el Decreto 498 emitido en septiembre, conservando la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, al tiempo que faculta la intervención coordinada entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en labores de orden público.
Sin embargo, el nuevo marco normativo introduce una flexibilización sustancial en las restricciones dirigidas a la población civil.
A diferencia de los instrumentos precedentes, la redacción actual suprime la suspensión de la libertad de tránsito y excluye la fijación de horarios para toques de queda, medida que se concreta un día después de vencer los controles de movilidad previos que dejaron miles de aprehendidos.
"La continuidad del despliegue militar responde a informes del Ministerio del Interior que contabilizan más de 300 homicidios intencionales en pocas semanas producto de disputas territoriales entre bandas", precisaron fuentes oficiales del Gobierno ecuatoriano.
Gestión de emergencias
La normativa establece de forma explícita que la medida de excepción no entorpecerá el desarrollo de la campaña ni las actividades de los partidos con miras a las elecciones seccionales pautadas para el 29 de noviembre.
El decreto exige el trabajo conjunto entre los cuerpos de seguridad y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para la atención de contingencias asociadas al fenómeno de El Niño.
Organizaciones independientes y analistas reiteraron sus reservas sobre la efectividad de las declaratorias de excepción consecutivas vigentes desde enero de 2024, advirtiendo sobre eventuales afectaciones a los derechos humanos y al marco institucional.
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