DPA
Los dos mandos policiales de la dictadura de Francisco Franco cuya extradición a Argentina pide la jueza de Buenos Aires que investiga los crímenes franquistas no podrán abandonar España mientras se decide sobre su entrega.
La Audiencia Nacional española prohibió hoy salir del país al ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño", y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar como medida cautelar.
Tuvieron que entregar sus pasaportes y a partir de ahora tendrán que presentarse una vez a la semana ante la Justicia, además de estar localizables.
El juez Pablo Ruz les impuso estas medidas, que se traducen en una libertad condicional, para "impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control" de ambos durante el proceso de extradición. En caso de incumplirlas, el magistrado decretaría su ingreso en prisión.
Los dos comparecieron hoy ante Ruz después de que el gobierno de Mariano Rajoy diera el viernes pasado su visto bueno a que continúe ese proceso. Ambos se negaron ante el juez a ser extraditados.
González Pacheco, de 67 años, y Muñecas Aguilar, de 77, están imputados en Buenos Aires por torturas, un delito que ante Ruz negaron haber cometido. La jueza argentina María Servini ordenó el 18 de septiembre su busca y captura y, una vez localizados en España, la Justicia argentina pidió formalmente su entrega.
"Estamos satisfechos con la decisiones adoptadas porque creemos que garantizan que ambos queden a disposición de la Justicia mientras dure el proceso de extradición", manifestó el abogado argentino Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella en Argentina, tras conocer las medidas cautelares. "Billy el Niño" es un viejo conocido de los represaliados en los últimos años del franquismo. De hecho, fue condenado por malos tratos, pero se benefició de la Ley de Amnistía española de 1977. En la querella argentina se le imputa un supuesto delito de torturas sobre trece personas detenidas entre 1971 y 1975.
Muñecas Aguilar, por su parte, fue condenado a cinco años de cárcel y expulsado de la Guardia Civil por su participación en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En la querella argentina se le imputan torturas a una persona durante el tiempo de arresto.
Los dos abandonaron hoy la Audiencia Nacional española ocultando con bufandas sus caras. Tras su negativa a ser extraditados, será la Sala Penal del tribunal la que tenga que estudiar el caso. Si decide su entrega a Argentina, el gobierno de Rajoy tendrá la última palabra, para confirmar la decisión o rechazarla.
De ser extraditados y ser juzgados finalmente allí, se enfrentarían a penas de cárcel de entre ocho y 25 años.
Frente a la Audiencia Nacional se congregaron hoy durante su comparecencia ante el juez unas 20 personas que, al grito de "queremos memoria, queremos justicia", instaron a la Justicia española a tomar las medidas "acordes con la gravedad de los delitos cometidos" por los dos reclamados por Argentina.
"¡Hay que juzgar a los torturadores!", gritaron también. La concentración, que la policía movió de la puerta del tribunal al final de la calle, fue convocada por CEAQUA, la plataforma que impulsó la querella en Argentina.
Varios de sus miembros están de hecho ahora en Buenos Aires acompañando la declaración de algunos querellantes ante la jueza Servini. Además, tienen la intención de pedir nuevas imputaciones.
Entre las imputaciones que persigue la plataforma está la de Rodolfo Martín Villa, quien fue ministro de Gobernación (equivalente a Interior) tras la muerte de Franco, durante un periodo de la transición española en el que murieron varias decenas de personas en manifestaciones.
Martín Villa, que tiene ahora 79 años, aseguró hoy a una radio sentirse "muy tranquilo" y no haber perdido "ni un minuto de sueño" por la causa abierta en Buenos Aires.