DPA
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, advirtió hoy que su gobierno puede convocar a las Fuerzas Armadas en caso de ser necesario para garantizar la seguridad durante el Mundial de fútbol que comienza en junio próximo.
"La Policía Federal, la Fuerza Nacional de Seguridad, la Policía Caminera, todos los organismos del gobierno federal están listos y orientados para actuar dentro de sus competencias y, en caso de ser necesario, movilizaremos también a las Fuerzas Armadas", dijo la presidenta en declaraciones a la radio Alagoas.
"Estamos muy bien preparados para garantizar la seguridad en la Copa del Mundo", agregó. "Estamos seguros que vamos a hacer ‘la Copa de las Copas'", enfatizó.
Rousseff informó que el gobierno invertirá 1.900 millones de reales (unos 808,5 millones de dólares) en el operativo de seguridad durante la cita deportiva, que se desarrollará en 12 ciudades hasta el 13 de julio próximo.
Las declaraciones están relacionadas con la ola de protestas del año pasado durante la Copa Confederaciones y que prosiguió este año, con menos frecuencia y participación pero con mayor violencia. En una de ellas, realizada el mes pasado en Río de Janeiro, un camarógrafo murió al ser alcanzado por una bengala arrojada por un activista, mientras cubría enfrentamientos y entre policías y manifestantes.
También se vinculan a las recientes amenazas de "radicalizar" las protestas durante el Mundial hechas por el grupo anarquista "Black Bloc", cuyos integrantes enmascarados suelen protagonizar violentos enfrentamientos con la policía.
El movimiento reivindica como forma de lucha la realización de actos de vandalismo contra lo que llaman "símbolos del poder", como agencias bancarias y sedes de organismos públicos.
La mandataria defendió el derecho a la libertad de manifestación amparado por la Constitución, pero condenó con dureza actos de vandalismo y el anonimato de los manifestantes.
"Repudio completamente el uso de la violencia en manifestaciones. Creo inadmisible en un país democrático el uso de la violencia. Las personas que usan la violencia y esconden el rostro no son democráticas. Las personas que matan, hieren o destruyen patrimonio público son delincuentes y deben ser tratadas como tal", aseveró.
Reafirmó que el gobierno está trabajando para hacer más rigurosa la legislación vinculada a la violencia durante las protestas y endurecer las penas a los condenados por ese tipo de delitos.
También destacó que para evitar el uso de la violencia por parte de la policía militarizada, que depende de los gobiernos provinciales, se están realizando debates con los respectivos secretarios de Seguridad Pública y comandantes de la policía militarizada de cada estado para acordar un protocolo común de actuación en manifestaciones.
"Nuestra meta es que Brasil disponga de un reglamento unificado, que defina mejor el uso proporcional de la fuerza por medio de la policía", explicó.