El Ministerio del Interior de Rusia ha incluido en la lista de personas en búsqueda y captura a la juez del Tribunal Penal Internacional (TPI), la japonesa Tomoko Akane, quien participó en la decisión de emitir la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin.
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Por ello, la justicia rusa abrió una causa penal el pasado 20 de marzo por solicitar el arresto de “un representante de un estado extranjero que goza de protección internacional, lo que complicará las relaciones a nivel mundial”.
Un expediente criminal similar fue abierto contra otros dos jueces, Sergio Gerardo Ugalde Godínez y Rosario Salvatore Aitala. El fiscal del TPI, Karim Ahmad Khan, también está perseguido por la Justicia rusa.
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La orden de detención contra Putin se remonta al pasado 17 de marzo e incluía también a María Lvova-Belova, defensora de los Derechos de la Infancia en Rusia, debido a la “deportación forzosa e ilegal” de niños ucranianos a Rusia o a las regiones de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas, lo que el TPI considera un “crimen de guerra”.
Al respecto, las autoridades rusas advirtieron entonces que los fallos del TPI “carecen de fuerza legal en Rusia y por tanto son nulos”.
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El Kremlin niega que niños ucranianos hayan sido deportados por la fuerza y sostiene que fueron “evacuados” de zonas de combate para salvaguardar su seguridad. Kiev calcula que 16.000 menores fueron desplazados a territorio ruso en contra de su voluntad.
Con información de ABC
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