El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, negociado y aprobado en 2017 en Naciones Unidas, entró oficialmente en vigor este viernes. Tras ser ratificado por medio centenar de países. Pero continúa enfrentándose a la oposición de las potencias atómicas y de organizaciones como la OTAN.
Se trata del primer tratado multilateral de desarme nuclear aprobado en más de dos décadas. Y en él los firmantes se comprometen a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.
El documento incluye además procedimientos para que los países con armas nucleares que quieran sumarse declaren y destruyan sus arsenales.
Su entrada en vigor se produce, como estaba previsto, 90 días después de que el número de países que lo ratificó alcanzase los 50. Una cifra que se logró el pasado octubre gracias a Honduras.
Actualmente, de los más de 120 Estados que participaron en la aprobación, 86 firmaron el documento y 51 finalizaron su ratificación. Entre ellos muchos latinoamericanos.
Los impulsores del tratado admiten que no es probable que ninguna potencia atómica se una pronto. Pero confían en que la nueva norma contribuirá a la larga a aumentar la presión para que se deshagan de sus arsenales.
SIN LAS POTENCIAS Y SIN LA OTAN
De hecho, todas las potencias nucleares boicotearon las negociaciones del tratado, tanto las reconocidas oficialmente en el Tratado de No Proliferación de 1968 como el resto de países que se sabe que disponen de bombas atómicas.
Tampoco participaron en las negociaciones los miembros de la OTAN, con la excepción de Holanda, que sí lo hizo pero no se sumó al Tratado.
Varios de esos Estados tienen armas nucleares estadounidenses estacionadas en su territorio y la Alianza Atlántica, como organización, se opone al instrumento y defiende que no dará lugar a la eliminación de "una sola arma" nuclear por la ausencia de las potencias y la falta de mecanismos de verificación.
Entre quienes no han firmado el Tratado figura España, que lo rechazó bajo el Gobierno conservador del Partido Popular y que sigue sin sumarse a pesar de que en 2018 el Ejecutivo de coalición del PSOE y Podemos se comprometió a hacerlo.
EFE
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