Donald Trump continuó este jueves su política antiinmigración con nuevas regulaciones que hacen casi imposible que los extranjeros obtengan asilo en Estados Unidos.
Las cuales entrarían en vigor nueve días antes de la inauguración del presidente electo Joe Biden el 20 de enero próximo.
La nueva reglamentación ordena a los funcionarios y jueces de inmigración que rechacen las solicitudes de asilo de las personas que ingresaron ilegalmente a EEUU. Además, que usaron documentos falsos, o que pasaron por otros países sin pedir primero asilo en otras partes.
"Estas nuevas regulaciones liquidan el salvavidas que necesitan quienes huyen del peligro y reiteran una versión falsa promovida por el Gobierno de Trump. La seguridad de las fronteras solo puede obtenerse terminando el sistema de asilo", dijo Jennifer Minear, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA).
Aaron Reichlin Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que estas medidas "ponen el asilo fuera del alcance de todos excepto algunos pocos afortunados".
Trump es radical con la inmigración
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump dirigió de manera constante una política que restringe la inmigración. Rechaza a quienes buscan asilo y hace más complicada y costosa la obtención de residencia legal y la adquisición de la ciudadanía estadounidense.
Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Gobierno de Trump mdificó unas 400 regulaciones en los sistemas de inmigración y asilo.
Regulaciones que presentarán un desafío a la Administración de Biden, quien prometió medidas urgentes en materia de inmigración.
Desde 2019, el Gobierno de Trump rechazó a decenas de miles de personas que llegaron a la frontera sur. Se presentaron a las autoridades y solicitaron asilo, enviándolas de regreso a México y América Central.
Estas personas aún están a la espera de la audiencia de inmigración que les provee la ley estadounidense.
Entre otras medidas, el Gobierno de Trump procuró la terminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por Barack Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran menores de edad.
Asimismo, dispuso la terminación del estatus de protección temporal, o TPS, para los ciudadanos de varios países que escaparon de conflictos armados, o desastres naturales.
Todas esas medidas las cuestionaron en tribunales y quedaron en suspenso. El Tribunal Supremo tiene ante sí ahora una decisión final sobre el programa DACA.
"Huir de peligros mortales en busca de seguridad duradera es un esfuerzo hercúleo, y obtener la seguridad no debería serlo. El Gobierno de EEUU, ciertamente, no debería seguir erigiendo barreras que obstaculizan enteramente el asilo", dijo hoy Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.
Con información de EFE.
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