Una demanda colectiva presentada ante la corte federal de Washington D.C. pone bajo la lupa las operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Tres ciudadanos venezolanos demandaron formalmente a las empresas estadounidenses CSI Aviation y Global Crossing Airlines (GlobalX), acusándolas de complicidad en la transferencia arbitraria de más de 230 migrantes hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, El Salvador.
El recurso legal, asignado al juez federal de distrito James Boasberg, señala que las compañías privadas lucraron a través de contratos federales mientras facilitaban traslados que violaban resoluciones judiciales previas destinadas a frenar dichos vuelos.
De una promesa de repatriación al confinamiento en el CECOT
De acuerdo con el expediente judicial, los demandantes -identificados como Andry Omar Blanco Bonilla, Wild Yahare Chirinos Romero y Jerce Egbunik Reyes Barrios- abordaron las aeronaves bajo la premisa oficial de que serían repatriados a Venezuela.
Sin embargo, las aeronaves aterrizaron en territorio salvadoreño, donde las autoridades locales tomaron custodia de los deportados y los ingresaron al CECOT.
Los testimonios incluidos en la demanda detallan un patrón de violaciones graves a los derechos humanos durante el tiempo que permanecieron incomunicados en la instalación salvadoreña, incluyendo:
- Incomunicación absoluta: falta de acceso a representación legal, asistencia consular o contacto con familiares durante varios meses.
- Maltrato físico y psicológico: denuncias de agresiones verbales, golpizas y privación sistemática de alimentos.
- Falta de atención médica: negativa de cuidados de salud básicos para reclusos con lesiones o padecimientos previos.
El rol de las empresas privadas en la cadena de deportación
La acción judicial busca establecer la responsabilidad civil y financiera de las empresas que operan la infraestructura logística de la aviación comercial contratada por el gobierno federal:
- CSI Aviation: acusada de actuar como la intermediaria principal y gestora logística para coordinar los charters de deportación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
+ Ganancias millonarias reveladas: la demanda expone que CSI Aviation se convirtió en el contratista de mayor valor para ICE, alcanzando ingresos de 1.230 millones de dólares en 2025 a través de estos contratos de deportación.
- Global Crossing Airlines (GlobalX): señalada como la aerolínea chárter encargada de la ejecución física de los vuelos.
Los demandantes solicitan que el caso sea certificado oficialmente como demanda colectiva (class action) en representación de todos los afectados en el operativo, exigiendo indemnizaciones financieras para cubrir tratamientos médicos, terapias psicológicas y daños morales.
+ Desobediencia a una orden judicial: se reveló que las empresas (CSI Aviation y GlobalX) continuaron y completaron los vuelos del 15 y 16 de marzo de 2025 hacia El Salvador a pesar de que el juez federal James Boasberg había emitido una orden de emergencia para que los aviones regresaran o no despegaran.
+ Acusaciones penales y civiles precisas: Las empresas están demandadas por 8 cargos específicos, incluyendo conspiración contra los derechos civiles, encarcelamiento privado ilegal, negligencia e infligir intencionalmente angustia emocional (intentional infliction of emotional distress).
Antecedentes y pronunciamientos internacionales
La inclusión del CECOT en las rutas de deportación de EEUU ha generado alertas entre organizaciones internacionales de derechos humanos. Informes previos de Human Rights Watch (HRW) y la organización salvadoreña Cristosal han documentado de manera consistente patrones de detención arbitraria y falta de debido proceso dentro de este centro penitenciario.
A la fecha, las compañías demandadas no han emitido comunicados oficiales sobre el proceso judicial en curso.
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