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El vicepresidente argentino Amado Boudou fue procesado el viernes por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública como partícipe de una maniobra ilegal para apoderarse de la única impresora de billetes de curso legal del país y luego beneficiarse con jugosos contratos con el Estado.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien también dispuso un embargo por 200.000 pesos (unos 25.000 dólares) sobre los bienes del funcionario, según la resolución publicada el viernes por la noche en el sitio oficial del Poder Judicial.
Boudou, quien se encuentra de gira en Centroamérica, es el primer vicepresidente en la historia del país procesado en el ejercicio de la función pública y se expone a una condena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El juez Lijo no le dictó la prisión preventiva a Boudou, quien así puede aguardar el juicio en libertad. Sin embargo, el magistrado advirtió que podría disponer restricciones en sus movimientos si lo considerara necesario.
Según Lijo, el segundo juez que tuvo a su cargo esta delicada causa, Boudou "conjuntamente con su socio y amigo, José María Núñez Carmona, y de forma desdoblada con división de funciones, hizo uso de su condición de alto funcionario público para adquirir el 70% de la calcográfica Ciccone, que luego contrataría con el Estado Nacional -al que él representaba y actualmente aún representa- para la impresión de papel moneda de curso legal".
Tras conocerse el fallo, crecía la expectativa sobre la actitud que adoptaría la presidenta Cristina Fernández respecto a su segundo en la línea sucesoria. Hasta el momento la mandataria no se ha expresado sobre la causa Ciccone, aunque varios de sus funcionarios y aliados lo defendieron públicamente.
Desde hace tiempo, líderes opositores reclaman a Boudou que se tome licencia para enfrentar a la justicia y adelantaron que en caso de quedar procesado impulsarán en el Congreso su juicio político.
Boudou ha dicho que es inocente y víctima de una maniobra de grupos económicos concentrados que vieron afectado sus intereses por las políticas populistas del gobierno kirchnerista.
De acuerdo a la investigación de Lijo, los propietarios de Ciccone Calcográfica buscaron la ayuda de Boudou tras decretarse la quiebra de la empresa a mediados de 2010. En ese entonces ministro de Economía del primer gobierno de Fernández, Boudou tomó el control accionario de la empresa mediante testaferros, una maniobra que para el magistrado se encuadra en el delito de cohecho (sobornos)
Para el juez Boudou también incurrió en el delito negociaciones incompatibles con la función pública cuando ya teniendo el control accionario de la empresa "intervino, en forma inédita" para que la agencia federal de ingresos públicos (AFIP) le facilitara a Ciccone un plan de pagos muy conveniente para sanear su deuda fiscal y para que se realizara una quita de intereses, multas y honorarios.
Boudou también gestionó para Ciccone la impresión de boletas electorales del gobernante Frente para la Victoria para las elecciones generales de 2011, en las compartió la fórmula junto a la presidenta Fernández. Lijo aseveró que este acuerdo se gestó "en condiciones de total informalidad debido a que la imprenta no contaba con maquinaria
diseñada para tales fines".
El juez también procesó a José María Núñez Carmona, socio y amigo de Amado Boudou; Alejandro Vandenbroele, considerado como testaferro del vicepresidente; Rafael Resnick Brenner, ex fefe de asesores del fisco; al fundador de Ciccone, Nicolás Ciccone; y su yerno Guillermo Reinwick, estos dos últimos por el delito de "cohecho activo".
2014-06-28