El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero solicitó un aplazamiento de su comparecencia como investigado ante la Audiencia Nacional debido al elevado volumen de documentación incorporada a la investigación.
La causa se instruyó en el Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular, el magistrado José Luis Calama, señaló a Zapatero como supuesto responsable principal de una red dedicada al tráfico de influencias.
Zapatero solicita aplazamiento de su declaración
La investigación indicó que el exmandatario tendría funciones de dirección dentro de la estructura y que se encargaba de “seleccionar o validar los potenciales clientes de la red de influencia, impartir instrucciones para la creación de sociedades fuera de España, en territorios ‘off shore’ (fuera de la costa), o adoptar estrategias para tratar de desvincularse de la propia red que lidera”.
La declaración judicial de Zapatero está fijada para el próximo 2 de junio, fecha en la que deberá responder como imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Sin embargo, tras el levantamiento del secreto de sumario y el acceso completo a la documentación de la causa, la defensa del expresidente pidió un aplazamiento para poder examinar el contenido del procedimiento y preparar adecuadamente su estrategia jurídica. El juez Calama será quien determine si se acepta o rechaza la petición.
¿De qué se le acusa a Zapatero?
Por otro lado, allegados de Zapatero defienden públicamente su actuación y atribuyen el procedimiento legal a una motivación política, reseñó el portal español El Distrito.
Luis Arroyo, actual presidente del Ateneo de Madrid, afirmó que Zapatero considera que “el ataque personal” en su contra inició por su implicación “de forma protagónica” en respaldo del PSOE y de Pedro Sánchez, durante la campaña de las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023.
El pasado martes, la justicia española imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta responsabilidad en el desvío del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra.
Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente del gobierno español es imputado por la justicia en un caso de corrupción.
La Audiencia Nacional informó que el exmandatario es investigado por presunto tráfico de influencias y otros delitos, en una investigación sobre el presunto lavado de dinero del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia.
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